Fidel Sergio Luna Vázquez y Víctor Manuel Cervantes García, representantes comunes de ex trabajadores de Ruta 100, señalaron que a la liquidación de esa empresa hubo dos acuerdos entre los trabajadores y el Gobierno del Distrito Federal, los cuales no se cumplieron.

Explicaron que el primero, en 1996, consistía en que a los trabajadores se les iban a otorgar 500 concesiones de taxi y 550 de autobús. Posteriormente, en 1999, hubo otro de que se iban a entregar otras 400 concesiones de taxi y 180 de autobús.

Sin embargo, no se cumplieron o al menos no totalmente porque, según dijeron, las autoridades negociaron con el Grupo Metropolitano de Transporte, y a espaldas de los trabajadores se lanzó una convocatoria amañada para la entrega de estas concesiones.

Esto originó que su grupo interpusiera una demanda de nulidad, la cual fue confirmada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y ordenó al gobierno capitalino que se apegue a los acuerdos, por lo que sigue debiendo 900 concesiones de taxi y mil 130 de autobús y, ante la inejecución de esta resolución, el asunto fue retomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijeron.