En cuatro de cada 10 hogares del Distrito Federal se presenta un episodio de violencia intrafamiliar, donde 98 por ciento de los casos son contra mujeres, las cuales sufren agresiones físicas, sicológicas, emocionales y patrimoniales de su pareja, pero son pocas las que lo enfrentan y deciden dejarla o denunciarla, informó la Secretaría de Desarrollo Social.

La directora de Igualdad y Diversidad Social, María Elena Ortega, comentó que entre las causas por las que las mujeres no denuncian están la dependencia económica, el bajo número de hombres que llegan a la cárcel por esta situación y las amenazas de muerte que han sufrido, por lo cual desde hace dos años a las querellantes se les entrega un seguro contra la violencia familiar por mil 500 pesos al mes durante un año, que beneficia ya a dos mil 414 quejosas.

El 60 por ciento de las beneficiadas tienen entre 31 y 50 años; 30 por ciento, entre 18 y 25, y el resto, más de 51 años. Además, 36 por ciento cuentan con secundaria, 34 por ciento con bachillerato o carrera técnica, 20 por ciento con primaria, seis por ciento cursaron o comenzaron una licenciatura y el resto carece de estudios, precisó.

Ante 166 mujeres que se integraron ayer al seguro y acudieron con sus familiares e hijos a recibirlo, el secretario de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama, señaló que con este apoyo se evita que la falta de recursos las limite o sea condicionante para que no enfrenten a su agresor y/o retornen a esa vida de maltrato, y se les brinda el apoyo económico, jurídico e institucional del gobierno capitalino.

La ciudad de México es la única entidad que desde hace 14 años cuenta con unidades de atención y prevención de la violencia familiar, dos albergues donde son canalizados los casos más extremos de violencia física, una línea telefónica de Locatel y un programa de reinserción social para las egresadas de los refugios, indicó.

A cada una de un primer grupo de 50 mujeres se le otorgó en préstamo una vivienda del Invi, cuya renta mensual de mil pesos es cubierta por la dependencia y le significa una erogación anual de más de un millón 600 mil pesos, pero tienen la posibilidad de comprarla en dos años, si cumplien con los requisitos del organismo.

Además se les incorpora a los programas de capacitación de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para que conozcan los derechos que tienen para defenderse y dejar a su agresor, aunque muchos casos se quedan en el terreno administrativo y jurídico, informó.

Son pocos los casos que llegan a la cárcel, por lo que es necesario que también el personal jurídico que atiende estos casos tome decisiones ejemplares, agregó.

Mencionó que algunas de las sanciones dictadas por los jueces son para la reducación obligatoria del victimario en la no violencia; en este momento se atiende en las unidades a 500 hombres, pues este tema es “ya de interés público. Atrás quedó el ‘yo sé cómo manejo a mi familia, ustedes no se metan’”, afirmó.

Martha N, de 33 años de edad y madre de tres niños de 14, 6 y 2 años, narró los casos de violencia física, sicológica, económica y emocional que sufrió al lado de su marido, un médico legista de la agencia 24 del Ministerio Público, cuya labor debería haberlo hecho diferente, pero no. Aguanté mucho, porque no trabajaba. Creía que ése era mi destino y tenía que aceptar todo. Hasta que decidí dejarlo.