A diferencia de lo que ocurre en otras entidades de la República, donde las agresiones a los periodistas provienen de la delincuencia organizada, en el Distrito Federal esta situación deriva de las propias autoridades por su falta de compromiso con la libertad de expresión, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Gerardo Sauri Suárez, relator para la Libertad de Expresión y la Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, reveló que en la CDHDF investiga cuatro quejas interpuestas por comunicadores, tres de medios nacionales y uno local a nivel delegacional, por afectaciones que han sufrido a causa de información que publicaron o iban a publicar.

En los tres primeros casos, detalló que se trata de allanamiento de oficinas, y en el otro por discriminación de la autoridad en una delegación de la capital. Hay una quinta queja, en la que aún no se confirma si se trata de una agresión por el ejercicio periodístico, refirió.

Al participar en el foro La libertad de expresión y política pública en el Distrito Federal, organizado en la sede de la Asamblea Legislativa, Sauri Suárez también declaró que la principal fuente de hostigamiento contra los medios de comunicación es la asignación de la publicidad oficial de los gobiernos, tanto federal como local.

Señaló que de acuerdo con informes de organizaciones sociales, entre 60 y 70 por ciento de las agresiones contra periodistas son cometidas por las autoridades, porque se ven afectadas con notas que los vinculan con actos de corrupción.

Representantes de organizaciones sociales y periodistas invitados coincidieron en que el ejercicio de la libertad de expresión aún se encuentra coartado. Tampoco se ha logrado garantizar los derechos laborales de los comunicadores, ni consagrar el derecho de réplica ni la cláusula de conciencia.

Aún más, agregaron, en diferentes entidades se ha legislado para frenar el libre ejercicio periodístico.