Calderón Hirviente SA
Desalojos neoporfiristas
Iniciativa Grupo México
UNAM y futurismo
Cambiar el modelo
La controvertida vía Marcelo
Llegará a México la mancha negra
Gasolinazo
Cananea y Pasta de Conchos: a garrotazos
Calderón se va tranquilo a Sudáfrica
Fortuna Larrea: mil por ciento de aumento
Toletes y enajenación, política educativa federal
Lujambio, sin voluntad para resolver el conflicto magisterial
Tobilitos y papadzules
on los desalojos policiales de las minas de Cananea, Sonora, y Pasta de Conchos, Coahuila, efectuados entre las últimas horas del pasado domingo y la mañana de ayer, lunes, el gobierno federal ratificó su orientación antisindical y su determinación a resolver, por medio de la fuerza policial, los conflictos laborales. En el caso que involucra al sindicato minero y al Grupo México, concesionario de ambos socavones, fue el propio Ejecutivo federal el que, en tiempos de Vicente Fox, echó a andar el conflicto, al criminalizar a la dirigencia sindical luego de que ésta exigió justicia para los 46 trabajadores que murieron en Pasta de Conchos en febrero de 2006, a consecuencia de fallas de seguridad atribuibles a la empresa y a las propias autoridades laborales, que son las encargadas de verificar las medidas de protección. Desde entonces el gobierno ha perseguido judicialmente al secretario general del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, y ha intervenido sin recato en la vida interna de esa organización.
Se trató a mineros como enemigos
obijados por la oscura noche fueron desalojados los mineros de Cananea, Sonora, y horas después las viudas de Pasta de Conchos, Coahuila. Sus demandas no fueron cumplidas. Estas operaciones, casi militares, fueron hechas en un momento que se pierde entre notas periodísticas sobre el próximo Mundial de futbol. Sin embargo queda una larga huelga que conllevó al desgaste económico y emocional de los trabajadores. Sus demandas nunca fueron escuchadas y ahora, como si fueran el enemigo de esta nación, se les desaloja en forma desproporcionada. Tres años no sirvieron para hacer entender al gobierno que el trabajo realizado por los mineros debe pagarse justamente, así como tener mejores condiciones de trabajo por los riesgos que conlleva.
a crisis
no es en México un fenómeno determinado, un error, una coyuntura o un accidente, sino una identidad inherente al ser nacional.
a huelga de hambre que mantienen mujeres y hombres integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) forma parte de las múltiples vías que se han intentado para recuperar la fuente de trabajo que les fue despojada de manera arbitraria. Constituye también una forma de llamar la atención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las graves implicaciones sociales, políticas y humanas que tendrá la posición que asuma al resolver el caso SME. Y que no se llamen a escándalo alegando que no aceptan presiones, cuestión que además de no ser veraz denota una visión sobre el derecho y la justicia de la que la realidad que el país está viviendo no se compadece. Hay de presiones a presiones: cuando los funcionarios de alto nivel o los prominentes abogados van a desayunar a la Corte están cabildeando
y se vale, pero cuando los movimientos sociales afectados por decisiones de jueces y magistrados reclaman movilizados resulta inaceptable.
l pasado 2 de junio, las estudiantes de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, de Cañada Honda, se presentaron a las instalaciones del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) para negociar un pliego petitorio. Como las autoridades se negaron a dar respuesta a sus demandas, ocuparon las oficinas educativas. Horas después, elementos de Seguridad Pública estatal los desalojaron con lujo de violencia y detuvieron a 23 jóvenes.
a espantosa maraña política de la educación mexicana crece sin freno y se llena de más intemperancia y conflictividad porque es un inmenso rompecabezas sin fin: los protagonistas no sólo no buscan acuerdos, se repelen; el conjunto del aparato educativo no se corresponde con las necesidades de la sociedad, y los gobiernos y los políticos carecen de la capacidad para resolver las ingentes y crecientes trabas que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha puesto al país por décadas.
omo no tienen legitimidad que preservar y como además el orden social está roto, los funcionarios del calderonato y los cacicazgos priístas estatales y sindicales se permiten cualquier cosa: organizar escuadrones de la muerte y presumirlo en público; tolerar y justificar la muerte de civiles a manos del Ejército; embolsarse carretadas de dinero; entregar vastas riquezas públicas a particulares; decir mentiras tan escandalosas como que la Constitución habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer
(Calderón) o que el cadáver de Paulette estuvo nueve días enredado en un edredón sin que se dieran cuenta familiares, policías ni perros que se encontraban en el sitio (empleados de Peña Nieto); dar impunidad a los responsables de la muerte de los niños en la guardería ABC de Hermosillo; desaparecer por decreto una empresa eléctrica de propiedad nacional y dejar a más de 40 mil personas en el desempleo; permitir que las bandas de Ulises Ruiz asesinen a activistas y dirigentes en San Juan Copala y otros puntos de Oaxaca; encarcelar a personas inocentes y a líderes sociales y lograr, para los segundos, condenas absurdas; pisotear los derechos de los trabajadores y lanzar a los federales –al servicio de los empresarios privados y a balazos, en el más puro estilo porfirista– contra mineros y sus familiares en Cananea y Pasta de Conchos.
l doctor José Narro Robles ha señalado en varias ocasiones que la educación, la ciencia y la cultura son los instrumentos con los que México puede alcanzar mayores niveles de desarrollo y equidad. Ha hecho evidentes también –apoyado no en creencias, sino en los datos más rigurosos disponibles a escala mundial– las fallas del actual modelo de desarrollo económico, que mantiene y profundiza la desigualdad. Ha destacado como problema sumamente grave la falta de oportunidades para los jóvenes de nuestro país.
stoy entre las personas que consideraron improcedente el traslado de los posibles restos de los próceres independentistas al Museo Nacional de Historia, donde serán examinados.