El presidente del grupo especial de trabajo del Senado para dar seguimiento al conflicto en Cananea, Sonora, el perredista Arturo Núñez Jiménez, afirmó que el gobierno federal quiere encubrir la conculcación del derecho de huelga. Recordó que al comparecer ante ese órgano legislativo, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se comprometió a que no habría un desalojo violento y que iba a haber una solución negociada.

Sobre el tema, diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) deploraron el uso de la fuerza contra un movimiento obrero y advirtieron del riesgo de una confrontación mayor y más agresiones.

Vamos en una ruta de colisión que a nadie conviene, advirtió el coordinador de la bancada priísta en San Lázaro, Francisco Rojas.

La diputación perredista expresó su repudio a la arbitraria intromisión de la Policía Federal (PF) y al secretario del Trabajo, Javier Lozano, porque está más interesado en quedar bien con los patrones que en defender los derechos de los trabajadores.

Como parte del repudio contra la decisión gubernamental en Cananea, organizaciones campesinas y sindicatos integrantes del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas rompieron negociaciones con el gobierno.

Mentiras oficiales

Según Núñez Jiménez, la acción en Cananea hace suponer que este gobierno sólo puede resolver los problemas por la fuerza. Con ello, aseveró, no se resuelve nada, y en el mejor de los casos se difieren los problemas.

El ambiente que persiste en el país con este tipo de acciones enrarece más la situación. El secretario de Gobernación mintió.

Dijo tener información “de que hay dos personas heridas, que hubo violencia y que a un legislador que habló a la televisión local lo sacaron del aire para no dar a conocer la situación.

Quieren encubrir que se trata de la conculcación del derecho de huelga, y por eso en el comunicado oficial dicen que las fuerzas públicas fueron a ejecutar órdenes de aprehensión, y no la resolución judicial del famoso conflicto de causa de fuerza mayor que llevó a la liquidación de la relación laboral entre empresa y sindicato.

El senador panista Javier Castelo apuntó que no se trató de un desalojo; fue una acción para darle posesión a la industria. La huelga, insistió, ya no existía.

En la Cámara de Diputados, el presidente de la comisión especial para dar seguimiento a los conflictos mineros, Ernesto Pompa Corella (PRI), convocó de manera urgente a los integrantes de esa instancia para analizar la agresión contra los mineros.

Grupo México, afirmó, se resistió a un diálogo con los legisladores. Señaló que a él sólo se le comunicó el domingo que la PF iniciaba el operativo para desalojar a los trabajadores.

Rubén Moreira, también del PRI, manifestó que el conflicto debió resolverse con trabajo político. El uso de policías en actividades distintas a las del combate a la delincuencia empiezan a generar resentimientos que sólo se acumulan, y el saldo final puede ser de una gran inconformidad social, criticó.

El PRD en el Distrito Federal se unió a la condena y anunció una serie de movilizaciones en la ciudad para evitar que el gobierno federal continúe con su política de represión y garrote hacia la clase trabajadora del país.

El dirigente Manuel Oropeza informó que la protesta se iniciará el 10 de junio con un mitin en las oficinas del Grupo México, ubicadas en Lomas de Chapultepec.