Amnistía Internacional exige garantizar al convoy un paso seguro
Martes 8 de junio de 2010, p. 13
Con el afán de construir un espacio de entendimiento para que retorne la paz al municipio autónomo oaxaqueño de San Juan Copala, 11 diputados perredistas, encabezados por su coordinador, Alejandro Encinas, y 350 personas más salieron anoche del Zócalo en caravana rumbo al estado sureño.
En conferencia de prensa antes de abordar el autobús, Encinas aseguró que los participantes de la caravana humanitaria Bety Cariño y Jiry Jaakkola no caerán en provocaciones y que su único fin es entregar 20 toneladas de alimentos y llevar un mensaje de tranquilidad a las familias que viven sojuzgadas por el caciquismo.
Comentó que las respuestas del gobierno de Oaxaca y de la Procuraduría General de la República en torno a la seguridad de los participantes eran ambiguas.
Al respecto, Marco Salvino, vocero del municipio autónomo de San Juan Copala, responsabilizó de la seguridad de los integrantes de la caravana a ambos gobiernos. Agregó que acudirán 10 organizaciones no gubernamentales, 30 agrupaciones sociales y 25 medios de comunicación.
El legislador perredista Agustín Guerrero sostuvo que la participación de los diputados es para terminar con una situación de excepción en la región triqui y para exigir a los gobiernos estatal y federal que actúen contra el grupo armado paramilitar que durante seis meses ha impedido el libre tránsito y cortado todos los servicios a las familias de San Juan Copala.
En Londres, Amnistía Internacional (AI) apremió este lunes a las autoridades mexicanas y los grupos armados a garantizar el paso seguro
de la segunda caravana de ayuda, tras la muerte de dos miembros de un primer convoy bloqueado en abril.
Todas las partes deben respetar los derechos humanos y tomar todas las medidas necesarias para asegurar que en esta ocasión la caravana pueda proceder sin miedo a un ataque
, declaró Kerrie Howard, subdirectora de AI para la región América.
La caravana transporta ayuda humanitaria destinada a unos 700 indígenas que viven virtualmente sitiados por grupos armados, que han matado a quienes han tratado de romper el bloqueo
, expresó en su comunicado la organización de defensa de los derechos humanos, con sede en Londres.
Los gobiernos federal y estatal (mexicanos) deben mostrar su compromiso duradero con el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos de toda la población de San Juan Copala
, agregó Howard.