La transparencia y el acceso a la información pública es un derecho fundamental de la ciudadanía, y en el gobierno federal tenemos que hacer lo posible para impulsarlo y cumplirlo bajo el principio de la máxima publicidad, manifestó la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), Ana María León Miravalles.

Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ampararan contra resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), varias agrupaciones sociales advirtieron que negar información oficial quita a la sociedad organizada una herramienta estratégica para monitorear la aplicación del gasto y evaluar el desempeño de los funcionarios públicos.

Gestión Social y Cooperación (Gesoc) y Fundar –centro de análisis e investigación– anunciaron también que medio centenar de organizaciones preparan un plan de acción para cerrar filas alrededor del IFAI, ante el gravísimo retroceso que en materia de transparencia se observa en la gestión de Felipe Calderón.

Haydeé Pérez, coordinadora de transparencia y rendición de cuentas de Fundar, adelantó que en unos días promoverán un debate ciudadano para exigir al gobierno federal que modifique la postura del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), de anular las resoluciones del IFAI. Enfatizó: Queremos cerrar filas con el IFAI para evitar retrocesos. Estamos en la misma línea de defender la transparencia.

Alejandro González, director de Gesoc, calificó de totalmente reprobable la resolución del TFJFA. No hay justificación ni ética moral o pública que permita sostener una decisión de ese tipo, dijo y recordó que nuestro país ha sido modelo en el acceso a la información. Es quizá el único logro panista relevante en 10 años y sobre el cual un gobierno panista retrocede.

Advirtió que el derecho de acceso a la información potencia otros derechos: Es estratégico, porque cuando los ciudadanos y los organismos civiles tenemos la evidencia de cómo funcionan los programas sociales, podemos potenciar el derecho a la salud, a la educación, al bienestar social. Es, sin duda, un grave retroceso.

León pidió a los funcionarios públicos atender lo establecido en el artículo sexto constitucional, respecto a que se dé la máxima publicidad a la información pública con el debido resguardo de los datos personales.

Aunque estimó que la resolución del TFJFA no implica un riesgo de generalización en la administración pública federal, admitió la necesidad de abrir más espacios de participación ciudadana para la construcción de verdaderas políticas públicas.