l pasado martes la organización paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) impidió el paso a una caravana encabezada por activistas y legisladores federales que transportaba ayuda humanitaria a San Juan Copala, localidad cercada por esa organización armada. Como ocurrió el pasado 27 de abril, cuando un primer contingente humanitario fue atacado por la Ubisort en esa misma región, con un saldo de dos muertos –la activista Beatriz Cariño y el observador finlandés Jyri Antero Jaakkola–, el gobierno encabezado por Ulises Ruiz se deslindó de los hechos y, sin aludir al cerco paramilitar que mantiene aislado a San Juan Copala desde noviembre del año pasado, sostuvo que la problemática referida se debe principalmente a un conflicto por límites y a las pugnas internas del pueblo triqui.

Los deslindes expresados por el titular del Ejecutivo estatal, en conjunto con la abierta impunidad con que operan los poderes fácticos en la región triqui, siembran una inevitable percepción de vacío de poder en Oaxaca o, peor, un ejercicio del poder público en manifiesta alianza con formaciones ilegales y delictivas. En cualquiera de los casos, el estado de derecho resulta inexistente. Así lo muestra, entre otros elementos, la solicitud formulada por la procuradora estatal de justicia, María de la Luz Candelaria Chiñas, de que se tenía que hablar con Ubisort e invitarlos a la caravana para garantizar el paso hacia San Juan Copala, según denunciaron los voceros del municipio autónomo en un comunicado.

Ante la manifiesta falta de capacidad o de voluntad de las autoridades estatales para dar solución a un conflicto que ha crecido en explosividad y se ha vuelto visible a escala internacional, resulta desolador que el gobierno federal se sustraiga de los llamados de diversos sectores de la sociedad y la clase política a involucrarse en el asunto, y que, a pesar de los elementos que han aportado organismos humanitarios nacionales e internacionales sobre la operación de grupos paramilitares en Oaxaca, se muestre empeñado en suscribir la versión del gobierno de Ulises Ruiz. Así lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores tras el ataque del pasado 27 de abril, ante las críticas formuladas por relatores de Naciones Unidas por el deterioro de los derechos humanos en San Juan Copala, en tanto que el embajador de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho, llamó a poner en contexto la situación en Copala para enterarnos de lo que pasó, y sostuvo que la violencia en la región se debe a que tres grupos están enfrentados desde hace tiempo .

En la circunstancia presente, el conflicto en Copala exige la intervención federal, y por diversas razones: porque es imperativo detener el castigo inhumano e inaceptable impuesto a los integrantes de ese municipio autónomo durante meses, privados de alimentos y servicios de salud; porque la Ubisort opera, según la información disponible, como delincuencia organizada, y también porque la situación en el sitio es un indicador de la catástrofe que recorre al país en materia de seguridad pública y legalidad, en la que confluyen las actividades delictivas de los grupos vinculados al narcotráfico con las acciones de organizaciones de corte paramilitar. En la medida en que el gobierno federal no sea capaz de restablecer el estado de derecho en esa región, difícilmente podrá hacerlo en el resto del país, y los constantes llamados del calderonismo a procurar el respeto a las leyes y a sancionar a quienes las quebrantan serán vistos por la opinión pública nacional e internacional como un mero gesto discursivo y un ejercicio de incongruencia.