El desarrollo de monocultivos, como los de palma africana en México o soya en Argentina, ha dejado como saldo violaciones a los derechos humanos de las poblaciones. En diferentes casos los campesinos han sido desalojados de manera forzada de sus tierras, su salud se afecta por el uso intensivo de pesticidas y el agua se contamina.

Además, los gobiernos han dado prioridad en sus presupuestos al desarrollo de la agricultura industrial en lugar de apoyar a la campesina, señalan análisis de diversos especialistas en el libro Azúcar roja, desiertos verdes, coordinado por la Coalición Internacional para el Hábitat América Latina (HIC-AL), FoodFirst Information & Action Network y Solidaridad Suecia América Latina, que se presentará el martes.

El cultivo de monocultivos es una práctica agrícola en la que se siembra sólo un tipo de planta en una gran área y tiene fines industriales. Actualmente esta actividad está en auge por el impulso a los biocombustibles, para lo cual se plantan grandes extensiones de maíz o caña de azúcar, entre otros productos.

María Silvia Emanuelli, de la HIC-AL, explicó que el documento presenta estudios de caso de varios países de la región y se hizo a partir de la perspectiva de las violaciones a los derechos humanos, ya que puede servir de contexto para acceder a la defensa de los pueblos y sus tierras en tribunales nacionales e internacionales. Esto ya ocurrió en Ecuador y Costa Rica, donde se presentaron denuncias ante el poder judicial porque esos desarrollos violaron la legislación nacional.

Explicó en entrevista que los monocultivos violan, entre otros derechos, el de la vivienda, ya que quienes viven en las tierras donde se planea esta actividad son desalojados, en diversas formas: reciben presiones de las empresas o de paramilitares, como ha sucedido en Colombia, o se utiliza la fuerza pública. También puede ocurrir, agregó, que aun con títulos de propiedad las familias son desalojadas.

En otras ocasiones, detalló, las mismas familias deciden abandonar las localidades, ya que en esos cultivos se utilizan agrotóxicos masivamente. En el caso de la soya en Argentina, dijo, el uso de pesticidas provocó el abandono de las tierras porque provocó enfermedades, y el agua se contamina.

Además, explicó, existe un debate sobre seguridad alimentaria y derecho a la alimentación adecuada, debido a que ante el impulso de los biocombustibles y a que para su producción se utilizan alimentos como el maíz y la caña de azúcar, se ha dado un aumento en el precio de los alimentos, en detrimento de la población local, la cual cada vez se empobrece más.

Destacó que generalmente existe gran atención al impacto de grandes proyectos mineros o de construcción de presas, pero no sucede lo mismo con los monocultivos. A pesar de que ambos se promueven con los mismos argumentos –generación de empleos y mayores ingresos–, no tienen los mismos requisitos para su desarrollo.

Para el establecimiento del monocultivo no se pide manifestación de impacto ambiental, no hay consultas con las poblaciones ni indemnizaciones en caso de expropiaciones de tierras, aunque las consecuencias son similares: destruyen la biodiversidad, contaminan y agotan fuentes y cursos de agua, desgastan suelos, causan desplazamiento forzado de las poblaciones, y despojan de los recursos naturales a las familias campesinas e indígenas.

Los monocultivos se han incluido en las políticas de desarrollo de los gobiernos; gozan de subsidios y amplio fomento público, controlan las mejores tierras y tienen acceso a abundante agua e infraestructura vial y energética.