e las 65 muertes violentas que ocurrieron ayer en el país, destacan las de diez elementos de la Policía Federal (PF) ultimados en las inmediaciones de Zitácuaro, Michoacán, en una emboscada en la que, además, resultaron heridos 11 efectivos de esa corporación, así como las de otros tres policías federales que fueron muertos en la capital de Chihuahua. A tal ataque ha de sumarse el asesinato de 29 reos en el penal de Mazatlán, donde la semana pasada fueron degollados seis prisioneros. Tales crímenes son muestras especialmente contundentes del dominio que la delincuencia organizada ha conseguido en puntos en los que el control de Estado debiera ser axiomático: carreteras y cárceles.

Por lo demás, esta nueva jornada sangrienta coincide con la difusión del documento La lucha por la seguridad pública, firmado por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en el cual se reiteran las valoraciones gubernamentales de que el combate a la delincuencia organizada va por el camino correcto y que –así se prioriza en el primer párrtafo del texto mencionado– la información sobre el descontrol delictivo genera en el extranjero una señal de violencia que deteriora la imagen de nuestro país.

Las muertes de policías en Michoacán y Chihuahua no sólo reiteran la creciente capacidad operativa de los grupos criminales –como la sincronización de comunicaciones y bloqueos carreteros requerida por una emboscada semejante–, sino también desmienten lo expresado en el documento referido en el sentido de que la guerra más mortífera que existe es la que libran los criminales entre sí y que cerca de 90 por ciento de los asesinados eran “personas muy probablemente vinculadas a organizaciones criminales, que caen durante enfrentamientos o ejecuciones entre bandas”. Ayer, al menos, la composición del saldo rojo fue distinta.

Por otra parte, sea o no cierto que no fue la acción del gobierno (...) la que provocó la criminalidad, sino la violencia y la delincuencia las que han motivado la acción decidida del gobierno, el hecho es que las muertes anuales asociadas a la delincuencia organizada han pasado, en lo que va la presente administración, de unas cuantas decenas (2006) a casi 10 mil (2009).

En forma paralela, el poder de fuego, organización y cooptación exhibido por los grupos delictivos también parece crecer en forma exponencial, como sugieren los propios boletines oficiales que refieren acciones armadas y decomisos de arsenales y otros medios.

No menos grave, la estrategia oficial contra la inseguridad ha sometido a grave erosión la confianza de la población en las instituciones castrenses, si se considera que las quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por los uniformados pasaron de poco menos de 400, en 2007, a casi mil 700 en 2009.

De los fenómenos señalados tendría que extraerse, como conclusión, la imperiosa necesidad de revisar y reformular la estrategia en curso contra la criminalidad, no para que el Estado se rinda ante ella, sino para debilitarla en lugar de fortalecerla, como ha venido ocurriendo, a juzgar por los datos disponibles.