Bogotá, 14 de junio. El defensor de derechos humanos Iván Cepeda, cuyo padre, Manuel Cepeda, senador por la Unión Patriótica, fue asesinado en 1994, jamás imaginó que algún día se sentaría frente a uno de los jefes paramilitares que cometieron el crimen. Mucho menos que como resultado de esa reunión, que tuvo lugar en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, no sólo conocería detalles de la conspiración contra su padre, sino obtendría mucha más información que, espera, permitirá algún día completar un complejo mosaico del gran proyecto de exterminio y expropiación que dio origen a la nueva clase política colombiana, cuya cabeza indiscutible es el presidente Álvaro Uribe.

De manera discreta pero metódica, Cepeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice); Danilo Rueda, defensor de la comisión intereclesial, y la senadora Piedad Córdoba han viajado a prisiones de Washington, Nueva York, Virginia y otras dispersas en territorio estadunidense para entrevistarse con los 14 capos de los aparatos paramilitares que fueron extraditados hace dos años.

Antes de su partida a prisiones estadunidenses, esos paras se habían acogido a la llamada Ley de Justicia y Paz, fraguada por la fiscalía como recurso de impunidad, ya que les ofrecía penas de máximo ocho años y laxas condiciones carcelarias a cambio de sus confesiones. En poco tiempo, en las famosas versiones libres, los paras confesaron su responsabilidad en más de 21 mil homicidios en los años 90, la ubicación de fosas comunes, hornos crematorios y su vinculación con políticos y gobernantes de todos los niveles. Para detener el daño potencial de sus revelaciones, Uribe los entregó a la justicia de Estados Unidos.

Pero nosotros sí queremos saber la verdad. Y ése es el propósito de nuestro trabajo, afirma Cepeda.

Entre sus interlocutores se encuentra Salvatore Mancuso, Vicente Castaño, Diego Murillo, Don Berna; Jorge Tovar, J-40, y Carlos Mario Jiménez, Macaco, por citar los más sanguinarios.

Ellos son lugartenientes, los jefes son otros

El objetivo de esa investigación es uno, explica Cepeda: Que entreguen a la justicia nacional o internacional sus testimonios y las pruebas sobre quiénes fueron los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad. Eso que llaman jefes paramilitares no son más que lugartenientes de unas estructuras criminales mucho más complejas. Ellos hacían el trabajo sucio. Pero las grandes ganancias materiales y las grandes posiciones políticas las obtuvieron otros. Ésa es la verdad que necesita Colombia, y eso se va a lograr.

–¿Qué tanto han aportado hasta ahora? ¿Qué intereses tienen ellos en colaborar con ustedes en ese fin?

–Son distintas motivaciones; habría que ver caso por caso. Obtener rebajas de penas es una de sus peticiones. Otros quieren poner a salvo a sus familias. Abiertamente nos dicen que no hablan con toda la fluidez que quisieran, porque sus familias están amenazadas. Y también quieren ajustar cuentas con quienes, según su opinión, los han traicionado.

Han sido conversaciones muy largas de las que nada se conoce aún. Pero Iván Cepeda admite: “Hemos escuchado cosas de extrema gravedad que comprometen a la cúspide del poder político. Y sin duda lo que tenemos apunta a esclarecer la responsabilidad del más alto nivel de muchas de las masacres en las que figuras como los Castaño, Mancuso y Don Berna fungían como jefes de ejércitos particulares. Pero en momentos claves lo que hacían era cumplir órdenes de un proyecto mayor, superior al de sus propios planes y estructuras.”

Para Iván Cepeda, filósofo de formación y forzado también al exilio en dos ocasiones, el contenido de la lucha por los derechos humanos en Colombia es inevitablemente político, porque tiene que ver con los cimientos del poder.

Coautor junto con Jorge Rojas del libro A las puertas del ubérrimo, que documenta el origen delincuencial del poder económico y político de Álvaro Uribe en el departamento de Córdoba, epicentro del nacimiento de las fuerzas paramilitares, Cepeda describe la red de complicidades del actual mandatario con ganaderos y empresarios, representantes del clero y banqueros, militares y paramilitares como una cadena criminal sofisticada y compleja.

Las pruebas están ahí

Como parte de otra investigación de este activista –publicada como capítulo Los expedientes de la Casa Nariño en el libro colectivo Las perlas uribistas–, Cepeda logró conocer al menos 100 expedientes judiciales, en los que aparecen como sindicados el mismísimo mandatario, su vicepresidente y media docena de ministros (entre ellos Juan Manuel Santos, hoy candidato presidencial), y varios comandantes de las fuerzas armadas y la policía.

Creo que Uribe debería terminar enjuiciado, ya sea por un tribunal en Colombia o por un tribunal internacional. Bastaría uno solo de los crímenes por los que se señalan.

–Si tuvieras que elegir uno...

–Es una cadena que relaciona unos con otros. Pero si tuviéramos que hablar de uno sería el desvío de las tareas de la policía secreta del Estado, que es el DAS, para convertirla en empresa criminal. No se dedicaba solamente a espiar, sino gestionaba directamente los planes para asesinar y hostigar a sus opositores. ¿Por qué monta Uribe una policía de esa naturaleza? Evidentemente porque tiene mucho que ocultar. Mi tesis es que estamos ante una situación propia de la criminalidad del sistema.

–¿Cómo se ubica Santos en ese tejido? ¿Es continuidad, forma parte de estas cadenas?

–Sin duda la familia Santos ha estado muy ligada a todo esto. Ya como presidente va a tener que tomar una decisión. ¿Se va a comprometer con Uribe y su entorno para garantizarle impunidad, o va a dejar que los jueces actúen? Los que conocen a Santos dicen que no es un hombre que guarde lealtades. No quiero decir con eso que se va a convertir en un hombre respetuoso de la ley. En su trayectoria ha demostrado tener nexos con el paramilitarismo y, sobre todo, tolerar ejecuciones, como hizo como ministro de Defensa con los falsos positivos.

–¿Cómo se ha transformado la práctica política con estas asociaciones del poder y el crimen organizado?

–El ejemplo clásico es la existencia del PIN (Partido de Integración Nacional), que claramente está muy ligado a los paramilitares. Los anteriores congresistas del PIN están en la cárcel por parapolítica. Sus escaños ahora los ocupan sus hermanas, esposas, tíos, primos. No es una mutación del fenómeno, sino una estructura ilegal que sigue íntegra.

–El gobierno se defiende de estas acusaciones con el argumento de que metió a los paramilitares a la cárcel e incluso los extraditó.

–Es su coartada. Pero un hecho muy concreto es que la emergencia del poder de Uribe está muy ligada a las familias paramilitares. Esa relación tuvo carácter armónico hasta el momento en que los políticos le incumplieron a los paramilitares y estos últimos amenazaron con contar la verdad: cómo habían recibido órdenes, cuáles eran los nexos, qué dineros habían entregado, por qué cometieron los crímenes. Ése es el fondo de la extradición.

Dice que no hay pruebas, pero abundan; se encuentran en los expedientes.