Buenos Aires, 16 de junio. Fuerte impacto político tiene en Argentina la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de la provincia de Mendoza que suspendió la aplicación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, votada por mayoría en el Congreso en octubre pasado, y sentó jurisprudencia al considerar que un diputado no tiene legitimación para reditar en el Poder Judicial un debate que perdió en el Parlamento.

Se aclaró que no está demostrado que el demandante fue privado de ejercer las atribuciones que le asisten como legislador y que una medida cautelar que suspende la vigencia de toda una ley con efectos generales para toda la población es incompatible con el control concreto de constitucionalidad de las leyes, la división de poderes y la razonabilidad.

La causa fue iniciada por el derechista diputado Enrique Thomas (peronismo federal), quien cuestionó el proceso legislativo de aprobación de la nueva legislación que remplaza a la que impuso la dictadura militar y que fue votada en la Cámara de Diputados en septiembre de 2009, por amplia mayoría, y en octubre en el Senado.

Desde el principio hubo rechazo de diversos sectores, tanto por la acción del diputado Thomas como por la decisión de una jueza que en Mendoza interpuso la medida cautelar, considerada un obstáculo para un proyecto democrático trabajado desde hace años por unas 300 organizaciones profesionales, estudiantiles, sindicales, sociales, de derechos humanos, de pequeñas y medianas empresas y con la participación de comunidades indígenas, entre otras.

Éstas conformaron la Coalición por una Radiofusión Democrática, que el 27 de agosto de 2004 elaboró una iniciativa ciudadana con 21 puntos básicos por el derecho a la información y su democratización, sobre el que se basó el proyecto que en 2009 impulsó la presidenta Cristina Fernández. Después hubo numerosas modificaciones surgidas de los debates hasta su aprobación.

Buenos Aires, 16 de junio Fuerte impacto político tiene en el país la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de la provincia de Mendoza que suspendió la aplicación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, votada por mayoría en el Congreso en octubre pasado, y sentó jurisprudencia al considerar que un un diputado no tiene legitimación para reeditar en el poder judicial un debate que perdió en el parlamento.

Se aclaró que no está demostrado que el demandante fue inequívocamente privado de ejercer las atribuciones que le asisten como legislador y que una medida cautelar que suspende la vigencia de toda una ley con efectos generales para toda la población, es incompatible con el control concreto de constitucionalidad de las leyes, la división de poderes y la razonabilidad.

La causa fue iniciada por el derechista diputado Enrique Thomas (Peronismo Federal), quien cuestionó el proceso legislativo de aprobación de la nueva ley que reemplaza a la que impuso la dictadura y que fue votada en diputados en septiembre de 2009, por amplia mayoría y en octubre en el Senado.

Desde el principio hubo un rechazo de diversos sectores tanto por la acción del diputado Thomas como por la decisión de una jueza que en Mendoza interpuso la medida cautelar, considerada un obstáculo a un proyecto democrático, trabajado colectivamente desde hace años por unas 300 organizaciones profesionales, estudiantiles, sindicales, sociales de derechos humanos, de pequeñas y medianas empresas y participación de comunidades indígenas, entre otras.

Éstas conformaron la Coalición por una Radiofusión Democrática que el 27 de agosto de 2004 elaboró una iniciativa ciudadana con 21 puntos básicos por el derecho a la información y su democratización, sobre el que se basó el proyecto que en 2009 impulsó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Después hubo numerosas modificaciones surgidas de los debates hasta su aprobación.

La nueva ley intenta romper la injusta concentración del poder mediático en el mercado de la radiodifusión impuesta por la dictadura y permitir y facilitar la entrada de otros sectores y medios comunitarios y asociaciones sin fines de lucro.

Los magistrados de la Corte acompañaron el dictamen del Procurador General, Esteban Righi, quien consideró que un diputado no tiene legitimación para revisar en sede judicial una votación que perdió en el Congreso.

Fernández se manifestó ayer complacida por que se logró que el sistema jurídico democrático institucional argentino haga honor a su propio funcionamiento y permita que se aplique una ley que fuera aprobada por amplia mayoría en el Congreso.

También destacó que no es un triunfo del gobierno ni de un sector político porque el proyecto recorrió, como nunca lo hizo ninguna ley en nuestros 200 años de historia unos 25 foros regionales, para que el pueblo lo discuta.

Recordó asimismo que el proyecto fue aprobado por el Congreso en una votación inédita por su número y por su transversalidad luego de que se le incorporaron muchísimas modificaciones y cuestionó a los sectores de oposición que a pesar de haber perdido la votación recurrieron a juzgados, así como la actitud de una jueza que declaró la medida cautelar, ahora anulada, para frenar la ley.

Parecen medidas de un país predemocrático que debemos dejar atrás dijo Fernández y señaló que el fallo potencia la vigencia de las instituciones y de la Constitución.

El diputado de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella sostuvo hoy que “la decisión de la Corte Suprema jerarquiza la división de poderes y analizó que se trata de “un fallo ejemplar; una lección democrática, que despeja uno de los obstáculos principales a esta ley surgida de un amplio debate y de años de trabajo, a la vez advierte a los legisladores que no pretendan ganar en la Justicia lo que perdieron en el Congreso con reglas democráticas. Aún falta que la Corte se pronuncie sobre otras medidas cautelares, pero este ha sido un paso de justicia clave.

Por otra la Cancillería argentina informó que el Gobierno otorgó en un rápido trámite la luz verde para el nuevo embajador designado por Chile, Adolfo Zaldívar Larraín, tras el colapso que se produjo ante las declaraciones del anterior diplomático, Miguel Otero, quien tuvo que renunciar por reivindicar a la dictadura de Augusto Pinochet en una entrevista publicada en un medio local.