La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) pidió a la Asamblea Legislativa revisar los tipos penales y las sanciones a los delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres, pues ésta no sólo va en aumento, sino que los agresores recurren a resquicios legales para evitar las penas y continuar en libertad.

La subprocuradora de Atención a Víctimas y Atención a la Comunidad, Dilcya García Espinosa, aseguró que en el caso particular de la trata de personas, las mujeres que se atreven a denunciar son encontradas degolladas en los hoteles o ejecutadas en el bordo de Xochiaca, pues los criterios timoratos de los jueces dejan en la calle a los responsables.

Dentro de las prácticas de los juzgados y las agencias del Ministerio Público hay problemas graves a la hora en que tienen que empeñar su criterio para interpretar la norma cuando se trata de un delito de violencia hacia las mujeres, lo que nos arruina para siempre en encontrar a los probables responsables, refirió.

Por ejemplo, señaló el delito de trata de personas, el cual en la mayoría de los casos es tipificado como lenocinio, con el argumento de que no existe una fuerza coactiva para obligar a las mujeres a dedicarse al trabajo sexual.

Ante ello, consideró necesario incluir en el Código Penal del Distrito Federal la agresión sicológica como un elemento a considerar, pues el ejercicio de la fuerza va más allá de ponerle un grillete a la explotada.

También se pronunció por desaparecer de la ley el concepto de corrupción de menores, porque se trata de un tipo penal que no es grave, al que aluden los defensores de los tratantes de personas para reducir las penas.

Indicó que es pertinente incluir la prueba pericial antropológica en los marcos normativos, la cual determina el contexto social, familiar y emocional en el que las mujeres han sido violentadas o asesinadas.

Precisó que el Distrito Federal ocupa entre el cuarto y sexto lugar a escala nacional en mujeres asesinadas, por razones que mucho tienen que ver con discriminación de género.

García Espinosa participó en la segunda jornada de las mesas de trabajo para una propuesta integral de armonización con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la sede de la Asamblea Legislativa de Donceles y Allende, donde la directora de la Red Nacional de Refugios, Margarita Guillé Tamayo, detalló que la mitad de las mujeres viven violencia de algún tipo y 50 por ciento de los homicidios de este grupo de población son cometidos por sus parejas.