Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entraron en un falso debate acerca de si están facultados para declarar la responsabilidad de funcionarios públicos en casos de violación grave de garantías individuales, y con la resolución del caso de la guardería ABC cerraron la puerta a la única vía constitucional que existe para defender de manera efectiva los derechos humanos, sostuvo Pedro Nava, ex titular de la dirección general de controversias constitucionales de ese tribunal.

Nava, quien es representante legal en diversos asuntos que revisa la SCJN, sostuvo que al no estar reglamentado el artículo 97 constitucional –que prevé la facultad de investigación de la Corte cuando se cometan violaciones graves a las garantías individuales–, los propios ministros limitaron los alcances de sus decisiones en el caso del incendio de la guardería ABC, y en otros, como el de Lydia Cacho, Atenco y Oaxaca.

Afirmó que es correcto lo que planteó el ministro Arturo Zaldívar en su proyecto de dictamen sobre el caso ABC, acerca de la posibilidad de que la Corte responsabilizara a funcionarios públicos por actos de omisión o negligencia que derivaron en la violación grave de garantías individuales.

Comentó que ningún tribunal constitucional del mundo tiene una facultad de protección de los derechos humanos como la Corte y cualquier ministro de otro país se frotaría las manos si contara con un artículo como el 97 constitucional. Lamentablemente, agregó, en lugar de asumir a plenitud esa prerrogativa los ministros optaron por una postura cómoda: no enfrentarse a otros poderes.

Nava señaló: “uno pensaría que con los enormes sueldos que reciben y la inamovilidad en el cargo de 15 años, los ministros serían independientes. Lamentablemente, debido al proceso mediante el cual son elegidos –a propuesta del Ejecutivo federal y con el voto de las dos terceras partes del Senado–, siempre llega el momento en que deben retribuirle el favor a quien les ayudó para ser designado. El problema de los ministros es su falta de independencia”.

En tanto, la dirigencia nacional del PRD manifestó que al exculpar a funcionarios de alto nivel por el incendio de la guardería ABC, los ministros de la SCJN agraviaron a las familias de las víctimas y al pueblo de México.

El secretario de derechos humanos del PRD, Enrique Romero Aquino, se pronunció porque se lleve el caso a instancias internacionales, pues otra vez se dejó de aplicar la justicia.

En entrevista, criticó que los ministros determinaran que no están vinculados a la violación grave de garantías individuales el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar; el director del IMSS, Daniel Karam; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, ni el ex alcalde de Hermosillo Ernesto Gándara.