El juzgado sexto de distrito de procesos penales federales con sede en el Reclusorio Oriente citó para el próximo jueves a Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), para que comparezca en calidad de testigo en el proceso penal que enfrenta Purificación Carpinteyro Calderón, ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, relativo al caso de la intervención de llamadas privadas de Luis Téllez, ex titular de esa dependencia.

De su lado, el segundo tribunal unitario confirmó ayer la resolución emitida por el juzgado sexto de distrito en la que se ordena a las autoridades penitenciarias realizar la ficha signalética y estudio de personalidad de Carpinteyro. La imputada aún está a la espera de que otro tribunal unitario determine si le concede un amparo para no ser fichada.

También este lunes comenzó en el juzgado sexto de distrito el periodo de desahogo de testimoniales ofrecidas por los abogados de Carpinteyro para demostrar la inocencia de la imputada.

Ayer estaba citado para comparecer en calidad de testigo el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Luis Téllez, quien no acudió al juzgado. El actual responsable de la Bolsa Mexicana de Valores ni siquiera envió algún escrito a las autoridades judiciales para exponer los motivos de su incumplimiento al citatorio del juez. Téllez fue quien denunció penalmente a Carpinteyro ante la Procuraduría General de la República (PGR), acción que motivó que se ejercitara acción penal contra ella por el delito de divulgación de conversaciones telefónicas privadas.

También estaban citados ayer dos funcionarios de la dirección jurídica de la SCT, pero no acudieron al juzgado pues presentaron un escrito en el que argumentaron que se encontraban gozando de su periodo vacacional, por lo que no estaban en la ciudad de México.

Luego del cargo por divulgación de conversaciones telefónicas privadas que hoy tiene a Carpinteyro sujeta a proceso penal, la PGR investiga ahora a la ex funcionaria como presunta responsable de haber espiado o intervenido ilegalmente los teléfonos de Téllez.

Las pesquisas constan en la averiguación 04/UEIDCSPCAJ/ 2010, que fue abierta por los delitos de extorsión agravada, amenazas e intervención de comunicaciones privadas sin mandato judicial, delito previsto en el capítulo de Violación a la correspondencia del Código Penal Federal (CPF).

En la nueva indagatoria la PGR busca fincarle responsabilidad penal a Carpinteyro por el delito previsto en el artículo 177 del CPF, que castiga con seis a 12 años de cárcel y multa de 300 a 600 días de salario a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente.

En marzo pasado en el juzgado sexto de distrito fue iniciado un juicio contra la ex funcionaria por revelación de secretos, al divulgar conversaciones telefónicas.