Buenos Aires, 25 de junio. Una nueva ley que pone límites a la concentración de medios audiovisuales en Argentina, sancionada en octubre de 2009, podrá ser reglamentada y aplicada tras un fallo judicial que suspendió la última medida cautelar que la frenaba, informó este viernes una fuente oficial.

La legislación está en funcionamiento, en plenitud y la autoridad de medios ejerce su función, declaró el procurador general del Tesoro, Joaquín da Rocha.

Con el nuevo veredicto, la Ley de Servicios Audiovisuales tiene vigencia y podrá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, indicó el sitio oficial del gobierno.

La Cámara Federal (apelaciones) de la provincia de Salta (norte) levantó un recurso de amparo concedido en primera instancia, la última suspensión que pesaba sobre la totalidad de la ley y que impedía su aplicación en el país.

El fallo va en línea con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que 10 días atrás revocó otra medida cautelar dictada por la Cámara Federal de Mendoza (oeste).

Ambos recursos habían sido planteados ante justicias provinciales por legisladores opositores, pero la corte entendió que los diputados no pueden lograr en la justicia lo que no pudieron obtener por mayoría en el Congreso.

Al conocerse la decisión de la corte, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) reafirmó en un comunicado su respaldo a la ley cuyas principales disposiciones van en el sentido de la desconcentración y una democratización del paisaje audiovisual.

Este texto debe aplicarse, señaló RSF al recordar que recibió el apoyo de los relatores especiales por la libertad de expresión de las organizaciones de Naciones Unidas y de Estados Americanos.

Quedan pendientes de resolución judicial, en cambio, dos medidas cautelares parciales que cuestionan un artículo que fuerza a la desinversión de los grupos multimediáticos en el plazo de un año.

La ley de Servicios Audiovisuales fue sancionada por el Congreso en octubre de 2009, pese a la resistencia de la oposición y los grandes grupos mediáticos, pero con el apoyo de organizaciones sociales y sindicatos de periodistas.

La norma rompe con la concentración de medios audiovisuales al limitar las licencias de radio o televisión que puede operar una empresa, amplía las regulaciones estatales y define la actividad de social y de bien público. La nueva norma remplaza a la que estuvo vigente desde la dictadura.