os señalamientos formulados ayer por el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Fernando Gómez Mont, quien instó a las comisiones estatales y nacional de derechos humanos a no ser tontos útiles para la delincuencia, son preocupantes por varios motivos: porque ratifican el desprecio de la actual administración a la observancia de las garantías individuales; porque ponen en relieve una hostilidad de la autoridad hacia organismos como las citadas comisiones de derechos humanos, que es ajena a los gobiernos democráticos, y porque constituyen, así sea de forma involuntaria, un llamado a permitir que las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia actúen fuera de la legalidad.

l 5 de junio de 2009, un incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, subrogada por el IMSS, cumpliendo el modelo diseñado por Santiago Levy, mató a 49 niños y dejó lesionados a 104. Inmediatamente se sucedieron una serie de declaraciones sorprendentes.

o pocas veces toca explicar la situación presente de Nicaragua en foros públicos internacionales, entrevistas de prensa y aun entre amigos siempre deseosos de saber qué fue de aquella revolución de hace tres décadas, la última del siglo en América Latina, como estos que han venido de tantas partes al Festival de la Palabra en San Juan.

n medio de la crisis del capitalismo, las perspectivas de futuro son contradictorias. Para las burguesías y los empresarios se trata de un momento amargo. Practicar la lujuria, la gula, la avaricia, la envidia o la soberbia está mal visto en momentos de recesión. Las plutocracias se ven obligadas a ocultar su obscena forma de vida con el fin de no ser atacadas. Los dueños de grandes fortunas, se sienten víctimas. Ellos, dirán, no son culpables del actual desaguisado. La responsabilidad es de los gobiernos, los que, independientemente de su color político, se mostraron incapaces de actuar a tiempo, dejando crecer la burbuja especulativa y financiera. Por consiguiente, ahora les toca hacer frente a su desidia. En otras palabras, gobernar con mano de hierro. La tarea: salvar al capitalismo de su colapso. En esta dinámica, se perfilan las medidas de austeridad. Todas cortadas por el mismo patrón. Rebajan los salarios, congelan las pensiones, abaratan el despido, suben el IVA y reducen las inversiones públicas en salud, educación o vivienda social. Bajo este paraguas se busca reducir el déficit fiscal, olvidando que su origen, entre otras cosas, está motivado por la aportación de miles de millones de euros o dólares, del erario público, destinados a salvar la banca privada.

n el corazón de la ciudad, y por tanto del país, están en huelga de hambre, en un precario campamento, varias decenas de representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como forma de resistencia por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro en defensa de sus derechos laborales conculcados. A menos de cien metros de distancia, en el predio donde estuvo el Mercado del Volador, se erige el sobrio edificio de la Suprema Corte de Justicia, lugar en donde resolverán los ministros que la integran la demanda que solicita declarar inconstitucional y violatorio de garantías el decreto que dejó a los trabajadores del SME sin fuente laboral y a México en riesgo de perder, por enajenación tramposa, una parte de su patrimonio estratégico.