as trágicas muertes del trabajador migrante Anastasio Hernández y del jovencito Sergio Adrián Hernández a manos de la policía fronteriza, producidas en un entorno de extremo racismo, exacerbado por la ley SB 1070, debería obligar al gobierno mexicano a buscar la forma de cambiar el rumbo del fenómeno migratorio, pues es impensable que Estados Unidos acepte que necesita esta fuerza de trabajo y que la indocumentación es la estrategia idónea de los empresarios para equilibrar sus mercados laborales sin tener que cumplir las leyes en la materia.
Pero, ¿qué hacer para revertir la tendencia migratoria? Un primer elemento pasa por la revisión de las condiciones bajo las cuales se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues si bien la migración tiene una larga historia, hay que reconocer que a partir de los años 90 los flujos se incrementaron en forma extraordinaria. Esto quiere decir que a pesar de la apertura comercial, por la que se esperaba que el país iba a exportar jitomates y no hombres
, y que gracias a la llegada creciente de inversión extranjera directa (IED) los problemas endémicos de empleo se iban a resolver, como enfatizaba Carlos Salinas de Gortari, la realidad es que estas expectativas no se cumplieron. Por el contrario, el país se ha convertido en un claro exportador de fuerza de trabajo, los empleos siguen siendo insuficientes y las asimetrías con sus socios se han extremado.
La migración forzada
, que se produce como resultado de necesidades que los gobiernos no han sido capaces de satisfacer, no es ni natural ni mucho menos tiene que continuar, como ha señalado Felipe Calderón en repetidas ocasiones. Algo no está funcionando; por tanto, sería muy importante proponer a Estados Unidos la revisión de algunos de los capítulos que han sido terriblemente nocivos para la economía nacional, así como –por supuesto– revisar las propias políticas gubernamentales que se empeñan en mantener al país en el subdesarrollo.
Uno de estos sectores es el agrícola, pues es evidente que parte sustancial de los flujos migratorios ha estado formado por campesinos que, paradójicamente, llevan a cabo en Estados Unidos el trabajo que en México les ha sido expropiado como resultado de las importaciones y que ha llevado al país a la pérdida de autosuficiencia alimentaria. México importaba 8.8 millones de toneladas, pero para 2002 ese monto había aumentado a 20 millones. Entre granos y oleaginosas, entre 1994 y 2002 se adquirió en el extranjero el equivalente a 30 mil millones de dólares. De esta forma se fue desplazando a los productores nacionales, lo que aumentó el desempleo, que se situó en 1.78 millones de campesinos, de los cuales, 600 mil se relacionan con granos básicos. De acuerdo con la OCDE, 33 por ciento del valor de la producción agropecuaria de Estados Unidos fue subsidiado, mientras en México sólo se apoyó 16 por ciento, lo que ni siquiera repercutió favorablemente en el precio de la canasta básica, que aumento 63 por ciento.
Una posibilidad para estos campesinos desplazados hubiera sido migrar a las ciudades pues, supuestamente, gracias a la enorme cantidad de IED que deberían llegar gracias al TLCAN, se crearían suficientes empleos para superar el endémico problema de la escasez de trabajo. De esta forma, se atraería tecnología de punta y se incrementaría la productividad. Sin embargo, entre 1999 y 2009, 45 por ciento de estas inversiones se dirigieron a la industria maquiladora, que crea empleos, pero de baja calidad y bajos salarios, pues la mayoría se dedica a procesos de ensamblaje sin que el país se beneficie del acceso a nuevos procesos tecnológicos. El segundo sector que se vio beneficiado por las IED fue el financiero y de servicios. De tal manera que uno de los más perversos efectos con la apertura comercial fue una reducción impresionante de la industria nacional, disminuyendo el empleo también. Sólo las microempresas incrementaron su participación, lo que significa, como señala Enrique de la Garza, que gran parte de la industria productiva del país
está en mano de microestablecimientos, que no tienen la infraestructura necesaria para desarrollar una industria productiva. Por tanto, seguimos con niveles totalmente insuficientes de empleo, con salarios a la baja, pues de 15.27 pesos, en 1994, pasó a 7.78 en 2000 a precios de 1994 (Laura Juárez), manteniéndose las abismales diferencias entre México y Estados Unidos. Todo lo cual explica el número de pobres, que alcanza cerca de 50 por ciento de la población, en tanto que entre 2006 y 2008 se incrementó la cifra de personas en pobreza extrema, al pasar de 13.8 a 18.2 millones.
Por su parte, el gobierno mexicano tampoco ha hecho lo necesario para sacar al país de esta parálisis, que pasa, por supuesto, por apoyar al sector educativo. La OCDE recomienda invertir uno por ciento del PIB en enseñanza superior y tecnología, pero México destina 0.57 y 0.38 por ciento, respectivamente. Es decir, no hay una política pública de creación de nuevos centros de investigación, de universidades públicas, de apoyos fiscales a empresas que decidan invertir en investigación, etcétera, a pesar de que no hay duda de que esta es la forma de ir construyendo un país que apunte al desarrollo. Y no sólo enfrentamos esta terrible carencia, sino que ahora, al gobierno federal lo único que le preocupa es su imagen. Por ello ha elevado a 5 mil 152 millones 693 de pesos su gasto en publicidad y comunicación social, lo que representa casi una cuarta parte del presupuesto de este año para la UNAM, o la mitad del que recibirá el Instituto Politécnico Nacional (El Universal, 01/06). Peor aún, Felipe Calderón acaba de señalar que su gobierno va a poner en marcha un proyecto de publicidad, principalmente de relaciones públicas, para lo cual estamos contratando a las mejores agencias del mundo para promover integralmente la imagen de México
, (La Jornada, 16 de junio).
Renegociar el TLCAN pasa no por cerrarnos al exterior, sino por plantear condiciones favorables que permitan desarrollar el país. Al mismo tiempo, exige proponer internamente un proyecto de nación integral que permita ir superando los problemas estructurales. Esta sería, además, la mejor forma para reducir los niveles de inseguridad, que va más allá de la visión estrecha y primitiva de “guerra contra el narco” y para cambiar la imagen de México.
