n el corazón de la ciudad, y por tanto del país, están en huelga de hambre, en un precario campamento, varias decenas de representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como forma de resistencia por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro en defensa de sus derechos laborales conculcados. A menos de cien metros de distancia, en el predio donde estuvo el Mercado del Volador, se erige el sobrio edificio de la Suprema Corte de Justicia, lugar en donde resolverán los ministros que la integran la demanda que solicita declarar inconstitucional y violatorio de garantías el decreto que dejó a los trabajadores del SME sin fuente laboral y a México en riesgo de perder, por enajenación tramposa, una parte de su patrimonio estratégico.
¿De qué se trata? Por un lado, los abogados de los trabajadores, encabezados por los juristas Néstor de Buen y Raúl Carrancá y Rivas, aducen que un proceso legislativo se encuentra en el origen de Luz y Fuerza del Centro y por tanto un simple decreto no puede determinar su extinción jurídica, pero más allá de este punto, de interés nacional sin duda, los abogados defienden también a los trabajadores, que fueron echados a la calle sin muchos trámites y por la fuerza de las armas.
Si la compañía dejó de tener vida legal, lo que no es aceptable, no por eso se anularon los derechos de los trabajadores, porque el servicio de electricidad continúa, y hay evidentemente, un patrón sustituto. Desaparecida la persona moral que prestaba el servicio y que tenía el carácter de patrón de los trabajadores electricistas no con ello dejan de existir las instalaciones, redes eléctricas, centrales, oficinas, etcétera, que alguien continúa atendiendo, operando y usufructuando, ese alguien es el patrón sustituto y los contratos, tanto el colectivo como los individuales, en buen derecho, continúan en vigor, salvo causas específicas que motiven la rescisión o la cancelación de ellos y previa intervención de los tribunales competentes. Nadie, ni el presidente, puede hacerse justicia por propia mano ni sustituir a los tribunales con una campaña de desprestigio y a una sentencia por un decreto administrativo.
Pero hay algo más; en la resolución que el alto tribunal deberá tomar, subyace otro debate de capital importancia. Este fue planteado por la juez que resolvió en primera instancia, con una frase digna de ser incluida en la columna insustituible del inolvidable Carlos Monsiváis, Por mi madre, bohemios: “los derechos individuales (de los trabajadores) deben ‘ceder’ ante los sociales” (del Ejecutivo y de sus clientes que pretenden explotar la red digital que corre por todo el sistema eléctrico del país).
Para la juez (y esperamos que los ministros no le den la razón), los derechos colectivos de los trabajadores, reconocidos y amparados por la Constitución, son simples derechos individuales y deben ceder
ante los intereses de unos pocos, que se harán de una industria estratégica muy productiva. Y si bien es en efecto productiva, su capacidad de generar energía eléctrica y medios modernos de comunicación y por lo tanto riqueza, se debe a las inversiones públicas hechas por el estado mexicano, con recursos que son de todos y al trabajo de los obreros y empleados despedidos.
Esperamos que en esta ocasión, el sentido de justicia y la sensibilidad social de los señores ministros los incline a dar la razón a quienes la mayoría de los mexicanos estima que la tienen. Sería muy lamentable un cortocircuito entre el Zócalo y el antiguo Volador; lo que estamos esperando es una corriente fluida, positiva y benéfica en favor de quienes han puesto su esperanza en los procedimientos judiciales. Sería muy bueno que en ésta ganara el pueblo y la justicia y no los privilegios.
