La solicitud de asilo político de América del Valle al gobierno de Venezuela muestra el ambiente de persecución y represión contra los luchadores sociales y advierte de la incapacidad del Estado mexicano para garantizar el respeto a la pluralidad de sus ciudadanos, refirieron diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT).

No obstante, también desde el PRI se calificó la solicitud de la joven como una acción por la que pretende evadir su responsabilidad, vendiendo su inocencia ante otro país, a pesar de que se comprobó su participación en actos violentos.

Enrique Ibarra (PT) reprochó la postura del gobierno federal contra América del Valle porque además del agobio que padece la familia –con el padre en prisión y una sentencia de más de 100 años– se cierne la imagen represiva de la autoridad, que criminaliza a los ciudadanos defensores de causas justas.

“Es innegable la descomposición política y social propiciada desde el Estado. (Ignacio) Del Valle tiene más años de sentencia que (Rafael) Caro Quintero o (Ernesto Fonseca) Don Neto, que son acusados de delitos verdaderamente graves. Sus sentencias son sensiblemente inferiores a la de Ignacio del Valle, y lo imperdonable es que ahora se pretenda inculpar a su familia”.

Sami David (PRI) acusó al Estado mexicano de no cumplir con los principios básicos de soberanía e independencia que garanticen a sus ciudadanos libertad de conciencia.

Es una realidad difícil de describir que miles de mujeres y hombres busquen trabajo en otro país, pero es lamentable que en términos de ciudadanía no sea garantizado, por parte de las instituciones que salvaguardan el Estado mexicano, el derecho de disentir o de pensar de forma distinta. Por ello es necesario que el gobierno de Venezuela otorgue el asilo. ¡Es muy respetable su alegato de por qué desea salir del país!

Derecha: América del Valle, entrevistada en febrero de 2009Foto Víctor Camacho

Con una postura distinta, la oaxaqueña Sofía Castro (PRI) acusó a Del Valle de medrar con la impartición de la justicia a partir de la tomarla de propia mano. Con ese comportamiento pretende irse a un país distinto al nuestro, alegando protección institucional, y pretende sorprender a un país distinto que no está compenetrado con la problemática social donde los grupos antagónicos han llegado al grado de la violencia porque ésta genera más violencia.

La legisladora, quien representa al sector indígena, arremetió contra los campesinos de Atenco, en especial contra la joven América. Pretende ir a vender su inocencia, y se sabe de su participación en actos violentos, y su lucha por muy justa que sea cayó en el vandalismo, generando delitos. Va a buscar asilo porque pretende no ser sancionada.

–Pero en este caso las instituciones del Estado violaron los derechos humanos –se le replicó.

–En nuestro país se deben sancionar las violaciones a los derechos humanos –respondió.

Es necesario, agregó, “que se profesionalicen las áreas de impartición de justica, para eso se han creado tribunales ex profeso, para castigar a los funcionarios. Y es de humanismo (sic) errar; las instituciones de impartición de justicia debemos abonar a la reconciliación de la sociedad, al restablecimiento del orden y del estado de derecho”.