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Absurdo, implicarlo en asesinato de alcalde

Condenan sacerdotes secuestro de un cura
Corresponsales
Periódico La Jornada
Domingo 27 de junio de 2010, p. 28

Oaxaca, Oax., 26 de junio. Cien sacerdotes del país condenaron la retención ilegal del cura Martín Octavio García Ortiz, así como las torturas a que lo sometieron priístas de San José del Progreso y el posterior arraigo que se le dictó a solicitud de la Procuraduría de Justicia estatal, por incitar al asesinato del alcalde Óscar Venancio Martínez Rivera y el regidor Félix Misael Hernández.

Los integrantes de las arquidiócesis de Oaxaca, México y Puebla, las diócesis de San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tehuantepec, Tehuacán, Puerto Escondido, Cuernavaca, Coatzacoalcos, Huejutla, Ciudad Guzmán, Ciudad Juárez y Acapulco, así como de la prelatura de Huautla, consideraron absurda la intención de implicar a su colega en el doble homicidio recién perpetrado.

Los firmantes del pronunciamiento Padre Martín: un profeta en medio del pueblo de Dios, debe ser liberado, señalan que el cura arraigado es un educador en la fe, que sólo ha cumplido lo que piden el evangelio y la Iglesia con gran eficacia pastoral y mucho amor a los pobres.

Se mostraron consternados por el hecho de que un grupo afín al partido en el poder, pueda secuestrar y torturar a quien juzgue contrario a sus intereses, y peor aún, que las instituciones encargadas de aplicar justicia se plieguen a sus condiciones y en vez de apresar a los torturadores y secuestradores detengan a la víctima.

En el documento aseguran: “Es de sorprender la rapidez con que tomaron presas a nueve personas que no participaron en el enfrentamiento de El Cuajilote entre oponentes y anuentes de la mina San José –donde murieron ambos ediles–y que se dejara en inmediata libertad a siete presuntos implicados, cuando en el caso de San Juan Copala no hay un solo detenido por los asesinatos ahí perpetrados”.

Los religiosos exigieron la liberación inmediata y sin condiciones de García Ortiz y las nueve personas apresadas al azar, y deploraron que las autoridades del estado violen sin recato los derechos humanos y la correcta aplicación de la justicia.