Senadores de PRI, PRD y PT advirtieron que el llamado del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a los organismos defensores de los derechos humanos a que dejen de ser tontos útiles de criminales es muestra de que el gobierno ha perdido el rumbo y pretende que se legitime la violación de las garantías fundamentales en aras de una estrategia fracasada de combate al narcotráfico.

Incluso el legislador panista Felipe González consideró desafortunadas las declaraciones de Gómez Mont, ya que, dijo, los ombudsman son los que están más cerca de la población y reciben de primera mano lo que observa la ciudadanía.

En lugar de hacer esos señalamientos, el secretario debe actuar como puente entre los defensores de esos derechos, las fuerzas armadas y la ciudadanía, recalcó.

Vista gorda ante torturas

Por separado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, dijo que en forma alguna acepta el calificativo de tonta útil, y seguirá luchando, como lo ha hecho los últimos 35 años, contra la tortura y la desaparición de personas, perpetradas por gobiernos del PRI y el PAN.

Es grave lo dicho por Gómez Mont, porque deja claro que el gobierno panista quiere que los organismos defensores de esos derechos se hagan de la vista gorda ante torturas, asesinatos y desapariciones de civiles cometidas por militares y policías que combaten el narcotráfico.

“Yo defiendo a todos los que son perseguidos y torturados. Incluso a policías, soldados y criminales. Si un narco es torturado, también levantaría la voz por él, ya que aun los delincuentes tienen derecho a un proceso legal, justo, que no implique tratos inhumanos o degradantes.”

El perredista Tomás Torres consideró que lo dicho por Gómez Mont es un claro ejemplo de un gobierno extraviado, que no puede brindar seguridad y busca avanzar cada vez más a un Estado policiaco, autoritario.

El vocero de la fracción del PRI en Xicoténcatl, Carlos Jiménez Macías, consideró que Gómez Mont debe una disculpa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en general a quienes se dedican a defender esas garantías.

Fue una expresión desatinada, que pretende que se avalen abusos y atropellos de las corporaciones dedicadas al combate a la delincuencia organizada.

Torres añadió que el responsable de la política interior está perdiendo los estribos y se le ha olvidado que la investigación y el combate a la delincuencia deben encontrar un punto de equilibrio básico, que es el del respeto a los derechos humanos, a las libertades básicas.

Sólo queda ir a una contrarreforma penal y de justicia, porque todos los instrumentos legales que Felipe Calderón ha logrado que el Congreso le apruebe para combatir a la delincuencia organizada se han convertido en retrocesos graves para los derechos humanos, recalcó. Planteó revisar el arraigo y las intercepciones telefónicas, entre otras medidas.

Jiménez Macías coincidió con Torres, y añadió que el PRI pedirá también que el Legislativo revise cómo se aplica la reforma penal, porque Calderón la utiliza no contra bandas criminales y grupos armados, sino contra los adversarios políticos; por ejemplo, con el espionaje telefónico.

El panista Felipe González, ex gobernador de Aguascalientes, advirtió que debe existir una comunicación muy directa entre la CNDH, las demás instancias defensoras de esos derechos y los representantes de las fuerzas armadas para intercambiar lo que cada uno tiene y saber si ha habido excesos, así como la manera de evitarlos.

Defensores de derechos humanos e integrantes de las fuerzas armadas se necesitan unos a otros; ninguna de esas áreas puede estar alejada de la otra, sostuvo.