Con sus recientes declaraciones, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, da la espalda a las recomendaciones de instancias internacionales de que los gobiernos apoyen y protejan el trabajo de los defensores de los derechos humanos, señaló Carlos Rodríguez, coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) difundió una compilación de investigaciones de organismos internacionales, cuya conclusión va en el sentido de que México no se ha distinguido por garantizar el respeto a esos derechos.

El Cereal, organismo próximo a cumplir 20 años como defensor de las garantías básicas y los derechos laborales, lamentó la postura del responsable de la política interna, quien el viernes pidió a las comisiones nacional y estatales de derechos humanos no ser cómplices de las anomalías de las instituciones de seguridad ni tontos útiles de la delincuencia.

Rodríguez apuntó: lo único que podemos hacer es preguntarnos, eso sí, con perspicacia y suspicacia, si Gómez Mont no ha incurrido durante su vida profesional en aquello que ahora critica: defender delincuentes que recurrieron a la trampa, al engaño, para beneficiarse de los recursos públicos.

Criticó que se intente reducir la capacidad de las organizaciones defensoras de esos derechos.

Las declaraciones de Gómez Mont, añadió Rodríguez, son más graves porque son emitidas cuando un mayor número de voces critican la estrategia del gobierno de Felipe Calderón para combatir el narcotráfico y, sobre todo, el uso del Ejército en esa lucha.

La CMDPDH difundió recomendaciones de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo, entre otros organismos, que han señalado la persistencia de la tortura y los crecientes abusos asociados a la militarización de la seguridad pública.

Con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, la organización civil expuso las deficiencias que prevalecen en México para asegurar el respeto a esas garantías.

En 2009, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de Naciones Unidas (SPT-ONU), señaló la falta de atención de las autoridades a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su papel de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y de los organismos locales de protección de esos derechos.

El SPT-ONU también reportó que de 70 expedientes revisados de personas en situación de arraigo, la mitad presentaban signos de violencia reciente.

El problema se agudizó a partir de la reforma constitucional que en 2008 incorporó la figura del arraigo, con la cual se han ampliado las posibilidades de que una persona sea sujeta de torturas, señaló. No obstante, el gobierno calderonista se ha empeñado en desconocer que exista tal problemática. Apenas en marzo, durante el quinto examen periódico universal del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Procuraduría General de la República reportó sólo 75 casos de tortura y/o malos tratos entre diciembre de 2000 y octubre de 2006.

En cambio, la CMDPDH documentó en un año (mayo de 2009-junio de 2010) 79 casos.