Ciudad Juárez, Chih., 26 de junio. María Guadalupe Güereca Betancourt, madre de Sergio Adrián Hernández Güereca, el adolescente de 15 años asesinado la noche del 7 de junio por un agente de la Patrulla Fronteriza, negó que su hijo estuviera detenido en Estados Unidos por tráfico de indocumentados.

Lo que hubo fue un homicidio cometido de un país a otro; que no le hagan al cuento. Por eso los medios estadunidenses inventan que vieron los expedientes y constataron las detenciones de mi hijo, afirmó.

Presuntamente, el menor juarense asesinado era uno de los traficantes de inmigrantes juveniles más buscados en El Paso, Texas, pero no se tuvo conocimiento de él hasta que murió.

Según la madre de Sergio Adrián, él iba a la escuela porque anhelaba superarse, y nunca supo que lo hubieran capturado. La versión propalada “es una mentira del sindicato de los migras para lavarse las manos, pues cuando un pollero es detenido en Estados Unidos, le presentan cargos y no lo dejan ir”, afirmó.

También acusaron a su hijo de ser mariguano, pero al quedar su cuerpo de lado mexicano, se le hicieron estudios de sangre y el resultado toxicológico fue negativo. Quieren desprestigiar a Sergio Adrián porque se presentó una demanda contra la Patrulla Fronteriza y la próxima semana un juez dará fecha para la primera audiencia, señaló la madre del adolescente.

Los deudos exigen saber el nombre del agente homicida y definir la situación legal que deriva cuando se comete un crimen en territorio extranjero.

En tanto, el padre del menor, Jesús Hernández, acusó al sindicato de la Patrulla Fronteriza de mentir por cuestiones racistas y exigió a la Procuraduría General de la República investigar a fondo, pues el hecho de hallar del lado mexicano cartuchos percutidos muestra que el agente no sólo perpetró el homicidio, sino que violó la soberanía mexicana.

Hernández confirmó la presentación de la demanda con auxilio del cónsul general de México en El Paso, Roberto Rodrí- guez, quien acudió hasta su casa para ofrecer ayuda. Mientras, la delegación de la PGR atrajo el caso porque que el crimen ocurrió en la zona limítrofe entre México y Estados Unidos, que es zona federal.