La Procuraduría General de la República (PGR) ha recurrido a maniobras dilatorias para alargar los procesos penales contra 15 funcionarios y presidentes municipales de Michoacán, que permanecen presos bajo los cargos de nexos con el narcotráfico, denunció el senador del PRD Carlos Sotelo.

Presidente de la Comisión del Senado que da seguimiento a los procesos jurídicos contra los michoacanos, dijo que pedirá una reunión de alto nivel con el procurador general de la República para que no se alargan más los juicios.

Detalló que 17 servidores públicos están ya en libertad y el hecho de que se pretenda retener a los demás es porque el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa no quiere reconocer su error y que salga a relucir que todo fue una maniobra para dar la impresión de que su estrategia contra el narcotráfico tiene éxito.

El último liberado del grupo de 32 detenidos en mayo del año pasado fue Ramón Ponce, asesor del procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, quien salió de prisión hace dos semanas y vamos a insistir, hacer todo lo posible para que la sentencia de los otros 15 no se postergue más.

Precisó que los integrantes del grupo plural han estudiado las actuaciones derivadas de los expedientes de los 15, la averiguación general y podemos seguir afirmando que son inocentes.

Se trata de una averiguación hueca, artificial, donde se dilata otorgarles la libertad porque el Ministerio Público Federal, ya en el vencimiento de los plazos, pide agregar pruebas y desahogar otras, sostuvo.

Pareciera que desde la PGR tratan de llevar lo más lejos posible el momento en que todos los detenidos deban ser liberados, para que en este contexto tan complicado de cuestionamiento a la estrategia de Calderón de combate a la delincuencia organizada, no se vea como un elemento más que acredite y demuestre los errores.

Explicó que el llamado michoacanazo, detención de 32 servidores públicos de ese estado, la mayoría electos por el voto popular, fue un elemento usado en principio como justificación del discurso político de Calderón, quien difundió en México y el extranjero que había dado un severo golpe a una red de funcionarios que protegían a la delincuencia”.

Ello es falso, se les desbarató como castillo de naipes y es lamentable que pretenda retener aún más en prisión a 15 ciudadanos, 14 hombres y una mujer, que están sujetos a la misma causa que los 17 ediles y funcionarios estatales ya liberados, porque los jueces desacreditaron las versiones de testigos protegidos poco creíbles que los inculparon.

Precisó que el grupo plural pedirá una reunión con el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, y con el Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, para solicitarles que se abrevie el plazo de resolución de los jueces.

Una demanda concreta, detalló, es que el Ministerio Público Federal no entorpezca y dificulte la conclusión de los juicios, a fin de que los jueces puedan cerrar los casos y resolver.

Detalló que pedirá que en esa reunión participen los coordinadores del PRI, PAN y PRD en el Senado para dar mayor peso político al grupo plural y se exija a la PGR que ya no recurra a más tácticas dilatorias.