Madrid, 28 de junio. El Tribunal Constitucional español avaló hoy la mayor parte del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aunque declaró inconstitucionales los puntos más polémicos, lo que provocó la indignación del presidente del gobierno regional, el socialista José Montilla, quien anunció acciones legales contra el fallo y convocó a una manifestación masiva de protesta.

El punto más debatido en la opinión pública, la definición de Cataluña como nación, incluida en el preámbulo del estatuto, fue desautorizada por los jueces con el argumento de que no tiene eficacia jurídica interpretativa, es decir, que no tiene efectos jurídicos.

La mayoría de los artículos declarados inconstitucionales son precisamente los que se refieren a la intención de Cataluña de obtener más autonomía en la creación de sus propios órganos judiciales.

Además los magistrados declararon inconstitucional la idea de hacer un esfuerzo fiscal equilibrado, otra reivindicación histórica de la región, cuyos partidos políticos suelen lamentar la disparidad entre lo que Cataluña aporta fiscalmente al Estado español frente a lo que recibe.

Después de cuatro años de una ríspida discusión política y jurídica, el tribunal en Madrid hizo público el fallo, pero no así la sentencia, que será redactada y difundida en unas semanas.

Tras la aprobación del estatuto en el Parlamento catalán, con apoyo mayoritario de los partidos políticos -a excepción del derechista Partido Popular y del minoritario Ciutadants-, el Congreso español también refrendó, aunque con algunas modificaciones, un cuerpo legal y estatutario con el que Cataluña pretendía afrontar el siglo XXI.

El estatuto fue aprobado en un referéndo con más del 80 por ciento del respaldo popular, pues respondía a las históricas reivindicaciones del reconocimiento de las singularidades catalanas, con su propia lengua, idiosincracia y evolución política. De ahí la importancia de que en el preámbulo se reconociera a Cataluña como a una nación dentro del Estado español.

El mismo año de su aprobación, la derecha española y el PP realizaron una campaña en todo el país para criticar y denigrar el texto estatutario, que, según sus argumentos, rompía España y generaría desigualdades estructurales entre territorios.

Las críticas políticas del PP se convirtieron en una denuncia formal ante al Tribunal Constitucional, en concreto contra 114 artículos, 129 preceptos y 201 cuestiones del texto estatutario.

En la historia de la joven democracia española, este es el fallo más polémico y complejo del tribunal, un órgano colegiado que dirime las cuestiones controvertidas sobre el cumplimiento de la Carta Magna.

Los integrantes de este tribunal han sido nombrados por recomendación de los partidos políticos -sobre todo el Partido Socialista Obrero Español y el PP-, así como de las diversas provincias autónomas, lo que ha despertado recelos sobre su supuesta independencia y espíritu libre de la refriega política.

José Montilla, momentos antes de una conferencia de prensaFoto Reuters

En estos cuatro años esta lucha ideológica entre conservadores y progresistas quedó en evidencia en diversas recusaciones, cruce de descalifaciones y hasta cuatro fallos redactados con el mismo resultado: al archivo por falta de consenso.

Fue finalmente la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, quien redactó el fallo sometido hoy a votación, mediante bloques por separado para lograr su aprobación.

Pese al esfuerzo, no se logró ni de lejos la unanimidad esperada, pues al final el fallo fue aprobado por seis magistrados, mientras que otros cuatro votaron en contra y anunciaron la redacción de su argumentario.

En el fallo se consideró que el concepto nación carece de eficacia jurídica interpretativa, así como las referencias a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña.

Las reacciones al fallo fueron inmediatas, la más relevante fue la del presidente de la Generalitat, José Montillla, quien anunció acciones legales y una gran manifestación para expresar la indignación que sentimos, que al mismo tiempo no nos impide afirmar con rotundidad que el estatuto sigue en vigor y es Constitucional.

La sentencia no da la razón al PP; el PP no podrá esconder su fracaso político ni sus continuadas agresiones y presiones. El estatuto sigue en vigor aunque se ha visto afectado, advirtió el mandatario catalán, quien acusó al tribunal de cometer una gran irresponsabilidad y de haber protagonizado una de las más tristes páginas de la historia política. Será recordado como el tribunal con menos visión de Estado. Nos hemos sentido maltratados pero en ningún caso no sentimos vencidos; no hay tribunal que pueda juzgar nuestros sentimientos.

La vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recordó que el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero siempre ha defendido la constitucionalidad del estatuto y su cuadruple legitimidad porque fue aprobado por el Parlamento catalán, recibió el aval de las cortes generales, fue refrendado por los ciudadanos de Cataluña y, frente a quienes aventuraban la liquidación de nuestro modelo de Estado, se viene aplicando con total normalidad. Casi cuatro años después del recurso del PP, el Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad en su práctica totalidad.

La parte demandante, el PP, en voz de una de las redactoras de la querella y vocera en el Parlamento, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a pedir al resto de los partidos equilibrio, prudencia y moderación, así como una lectura sosegada de la sentencia. La legisladora se negó a responder si su formación estaba conforme con el fallo.