Juristas, académicos y analistas políticos advirtieron que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) es inconstitucional y llamaron a respaldar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ya que la lucha debe seguir aun si el fallo de la Suprema Corte es adverso.

Raúl Carrancá y Rivas, maestro emérito de la UNAM, dijo que confía en la resolución del máximo tribunal, pero si los ministros decidieran no amparar al SME, se debe promover que el presidente Felipe Calderón sea sometido a juicio político, ya que violó la Constitución.

Acudió a un decreto para extinguir Luz y Fuerza que carece de fundamentación, invade la esfera de competencia del Legislativo y viola la garantía de audiencia, recalcó.

El ex senador del PRI Manuel Bartlett coincidió en ello y consideró que se deben fincar responsabilidades a Calderón, pues lo hecho contra el SME fue un golpe de Estado, porque usó las instituciones y el monopolio de la fuerza pública para acabar con una organización combativa, vulnerando preceptos constitucionales.

Recordó que los trabajadores del SME fueron siempre una muralla contra la intención de privatizar la electricidad, que se dio desde el sexenio de Carlos Salinas. Fue la fuerza del sindicato, dijo, la que estuvo cerca de los legisladores que desde el Senado pelearon contra la decisión de Vicente Fox de entregar el servicio eléctrico a firmas extranjeras.

Vino luego Calderón con su golpe de Estado al SME, a fin de abrir el camino a los intereses trasnacionales que representa.

Carrancá sostuvo que sí procede el juicio político a Calderón, y que está dispuesto a fundamentar la demanda ante la Cámara de Diputados, mediante un instrumento denominado interpretación finalista, para que se respete el espíritu de la Constitución.No es posible que hasta un síndico de un ayuntamiento sea sujeto al juicio político y el Ejecutivo no. Es injusto que un funcionario de ese nivel no fundamente ni motive el decreto aludido y no pase nada.

Durante el foro Análisis jurídico del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, organizado por el SME y realizado en el patio central del Senado, el analista político y catedrático de la UNAM Luis Javier Garrido advirtió que si los poderes Legislativo y Judicial aceptan la extinción de Luz y Fuerza ayudarán a las pretensiones de la ultraderecha que se adueñó del poder económico y político de México.

Recalcó que es anticonstitucional el decreto con el que Calderón pretende liquidar LFC, porque el Ejecutivo no tiene facultades para suprimir una entidad pública creada a consecuencia de la nacionalización de la industria eléctrica.

En ese planteamiento coincidieron la ex presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Estela Ríos, el jurista y asesor sindical Óscar Alzaga y el abogado Gabriel Reyes Orona. El senador del PRD Carlos Sotelo, único legislador en el acto, advirtió que el Congreso debe asumir el papel de verdadero vigilante de los actos del Poder Ejecutivo en su intentona de extinguir una empresa estratégica para el país.

Sobre todo, recalcó, porque el Congreso, que es el único poder con facultades para legislar en materia eléctrica, ni siquiera fue notificado del decreto.

En ese sentido José Antonio Almazán, ex integrante del Comité Central del SME y ex diputado perredista, demandó que los senadores no se dejen engañar por las cifras manipuladas del gobierno federal, ya que en el expediente que las autoridades de la Secretaría de Hacienda pretende mantener en secreto hay bases para rebatir el falso argumento de que los salarios y prestaciones de los trabajadores hicieron insostenible la operación de LFC.

Al final, el dirigente del SME, Martín Esparza, lamentó que el foro no se hubiera transmitido por Canal del Congreso, y la ausencia de senadores.