Cuernavaca, Mor., 29 de junio. El subsecretario de asuntos internos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), división Cuernavaca, Marco Antonio García Barrera, fue liberado hoy bajo caución, luego de haber sido detenido al mediodía del lunes por agentes de la Procuraduría General de la República, acusado de privación ilegal de la libertad contra funcionarios públicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y permanecer 16 horas en el penal estatal, conocido como Atlacholoaya.

La mañana de este martes García Barrera fue trasladado al juzgado cuarto de distrito con sede en esta capital, donde declaró por casi tres horas y cubrió una caución de 10 mil pesos.

Tras abandonar el juzgado, dijo que no claudicará en su lucha para que el gobierno federal devuelva a los afiliados al SME sus fuentes de trabajo que perdieron en octubre pasado, tras el decreto presidencial de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Mientras duró la declaración, más de 50 electricistas se manifestaron afuera del juzgado en apoyo de su compañero y en contra el gobierno de Felipe Calderón.

Contaba con amparo

Los policías que detuvieron a García Barrera lo hicieron a pesar de que el sindicalista contaba con su respectivo amparo, denunció por su parte el SME.

García Barrera fue detenido el lunes pasado, acusado de privación ilegal de la libertad, por hechos ocurridos en febrero pasado, cuando personal de Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) llegó al centro de trabajo denominado Gobernadores, a saquear dichas instalaciones y fue detenido por los trabajadores.

Para este gremio, la detención de este trabajador se suma la lista de actos represivos cometidos contra el SME y constituye un paso más del acoso permanente en contra de esta agrupación sindical, cuyo propósito es desmoralizar y así disminuir nuestra resistencia al inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y al ilegal despido de los más de 44 mil trabajadores miembros de este sindicato.

Expuso el SME que el asesinato y encarcelamiento de dirigentes sindicales y sociales, así como la aplicación del garrote a los movimientos de organizaciones obreras y populares, los intentos de acallar las voces críticas ante la violación de las libertades, democráticas y derechos humanos, es la tónica de las políticas del gobierno de Felipe Calderón, contra los que reclaman las estricta aplicación de la Constitución, el respeto a las leyes y a los derechos de los trabajadores.

Con información de Patricia Muñoz