pesar de la contundencia del fallo emitido el miércoles pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que se ordenó la inmediata excarcelación de los 12 dirigentes y activistas de San Salvador Atenco que permanecían en prisión desde 2006, acusados y sentenciados con base en imputaciones inventadas e improcedentes, y tras la liberación de nueve de los presos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal sacó de sus archivos cuatro causas penales distintas a aquella que juzgó y desechó el máximo tribunal del país, tres de ellas del fuero común y originadas en 2006 (robo agravado, lesiones y daño en los bienes públicos y despojo) y una más, del fuero federal, que data de 2008: ataques a las vías de comunicación. Con esos elementos el gobierno federal mantuvo en la cárcel a tres de los inculpados: Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, hasta las últimas horas de ayer, y generó, en forma por demás innecesaria, un ambiente de incertidumbre y exasperación.

Es pertinente recordar que, en su fallo y en sus posicionamientos, los ministros de la SCJN señalaron que las sentencias solicitadas e impuestas a los atenquenses fueron una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social (y) de castigar el ser oposición; que los procesos respectivos pusieron en entredicho la forma en la que el Estado trata la libertad personal, la libertad de asociación y expresión de los líderes sociales, que la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones a partir de premisas falsas y endebles, además de que utilizó pruebas ilícitas, y que la autoridad actuó con una ideología totalitaria donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de peligrosidad y despliegue de conductas consideradas delito por los integrantes de dicha organización, sin que interese si se encuentran o no debidamente acreditadas. En suma, los magistrados que revisaron el caso descalificaron la práctica del poder público de inventar delitos comunes contra luchadores sociales.

En los casos de Del Valle, Álvarez y Galindo, sin embargo, la SSP federal, lejos de acatar el fallo, persistió en la conducta previamente reprobada por la SCJN al hacer aparecer una imputación fechada en 2008 y que, por lo visto, no había sido cursada hasta ayer, en lo que constituye una actitud tramposa y de inaceptable mala fe que no parece tener más propósito que incrementar las tensiones generadas por el conflicto de Atenco y convertir en estallido un enojo que tiene muchas más raíces que los aberrantes procesos que convirtieron en presos políticos a 12 de los atenquenses. Cabe recordar que, durante la represión de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, autoridades federales y estatales cometieron multitud de violaciones graves a los derechos humanos de decenas de personas –documentadas en su momento por medios informativos y por organismos humanitarios de México y del extranjero–, y que hasta la fecha tales atropellos permanecen impunes.

En resumen, la SSP federal enturbió y ensució hasta donde pudo el cumplimiento de un fallo inapelable que restituía, así fuera parcialmente, el sentido de justicia ignorado por las autoridades durante más de cuatro años.

Finalmente, además de felicitarse por la liberación –así fuera innecesariamente tardía– de las 12 víctimas de la injusticia, cabe preguntarse de qué manera la actitud gubernamental referida, percibida por la sociedad como expresión de un espíritu de venganza y de provocación, puede impulsar los exhortos al diálogo formulados unas horas antes por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, para enfrentar con unidad a la criminalidad organizada: si las autoridades se empecinan en tratar como delincuencia a disidencias, oposiciones políticos y movimientos sociales, ellas mismas propician su soledad en la lucha contra los verdaderos delincuentes.