Buenos Aires, 5 de julio. El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla se responsabilizó hoy de lo sucedido durante la pasada dictadura militar (1976-1983) en lo que consideró una guerra interna, al hablar ante el tribunal que lo juzga por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Córdoba, y manifestó que sus subordinados no son culpables, porque se limitaron a cumplir mis órdenes.

Vestido pulcramente y sin ningún gesto de arrepentimiento, Videla intentó reinstalar la ya anulada tesis de obediencia debida. El ex dictador, quien estuvo al frente del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, reivindicó todo lo actuado por el ejército durante el régimen castrense, e insistió en que no podía ser juzgado por el tribunal oral federal uno de Córdoba, porque esto ya es cosa juzgada.

Sobre el caso, aseveró que fue absuelto en 1984 por el consejo militar. Inclusive, abundó, “al momento en que ocurrieron esos hechos la cámara federal juzgó en mi caso todos los hechos a los que he hecho referencia. Aquellos que no fueron expresamente condenados han sido absueltos (…) Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa”, subrayó.

Recordó que ya fue sentenciado en el primer e histórico juicio a las juntas militares en 1985. Luego fue indultado por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) mediante un decreto en sus primeros dos años de gobierno.

Junto a él estaba el general Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del tercer cuerpo de ejército, quien como Videla enfrenta acusaciones por crímenes de lesa humanidad.

Como en ocasiones anteriores, Benjamín Menéndez se negó a declarar. Consideró que estos juicios son anticonstitucionales y presentó un alegato político, en el cual justificó la represión al decir que la subversión marxista inició el asalto armado a nuestra patria. Reivindicó a la justicia militar durante esta esperada segunda jornada del juicio por el fusilamiento de 31 presos políticos detenidos en la penitenciaría de la capital mediterránea y por el llamado caso Gontero, que incluye privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos, cometidos por ex policías del Departamento de Informaciones Policiales (D2).

Por su parte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó esta mañana un homenaje al recién fallecido periodista Eduardo Kimel, durante un acto realizado en el Centro de Estudios Legales y Sociales.

Eduardo Kimel fue condenado en 1995 por el delito de calumnias, tras investigar el asesinato de cinco religiosos católicos cometido por un grupo de tareas durante la pasada dictadura militar, hecho que sucedió en la iglesia de San Patricio, en el barrio de Belgrano.

El caso fue presentado ante el Sistema Interamericano en mayo de 2008, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino.

Entre las medidas ordenadas por la CIDH destaca la modificación del Código Penal por la incompatibilidad de los delitos de calumnias e injurias con la estipulado por la Convención Americana. Finalmente, en septiembre de 2009 y a iniciativa del gobierno actual se logró la ley votada por el Congreso, que despenalizó esos delitos para casos de interés público.

Al rendir homenaje a Eduardo Kimel, la presidenta afirmó: vengo a cumplir con el último acto de reparación solicitado por la CIDH. Destacó que el reconocimiento es un hecho emblemático en Argentina, porque no es sólo el caso de un periodista condenado por su opinión. Es algo más profundo, que pone blanco sobre negro lo que ha sido Argentina en las últimas décadas.

Añadió: siempre hubo en la sociedad una fuerte tendencia a focalizar hacia quienes habían torturado o desaparecido como únicos responsables, pero eso es mentira. Lo que Eduardo Kimel denunció es la complicidad de un sector de la justicia con lo que pasó en Argentina.

Advirtió que no puede haber en una sociedad democrática cárcel por hablar u opinar, cualquiera sea la opinión, y resaltó que jamás hubo en toda la historia de Argentina una libertad de prensa similar a la que hoy gozamos. Cualquiera puede escribir lo que se le dé la gana, aunque falta completar la libertad de expresión, que hoy por la concentración monopólica no se puede llevar a cabo, y por eso fue tan importante la sanción a la ley de medios en el país.

En estos días la justicia ha levantado algunos intentos de jueces de impedir la aplicación de esta ley, que remplazó la de la dictadura sobre medios de información.