yer, en forma unánime, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron considerar constitucional y legal el decreto emitido en octubre del año pasado por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, por medio del cual se extinguió el organismo paraestatal Luz y Fuerza del Centro. El fallo legitimó asimismo el despido súbito de más de 44 mil electricistas, desmintió que el decreto referido tuviera como propósito desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y determinó que ambas medidas estuvieron adecuadamente fundamentadas.
La determinación y sus implicaciones son preocupantes por diversos motivos. En primer término, el fallo cierra las puertas institucionales a la lucha de un organismo sindical histórico, afectado por una decisión de gobierno que trasciende, con mucho, el mero ámbito administrativo y laboral, y que ha derivado en una confrontación de implicaciones políticas y sociales inocultables que no va a desvanecerse con la mera declaratoria de legalidad emitida por la SCJN para el decreto calderonista.
Se abona, así, a la ingobernabilidad, en un contexto de por sí caracterizado por la creciente irritación social y la circunstancia de catástrofe en la seguridad pública y la vigencia de las leyes.
Por desgracia, la actuación de ayer del máximo tribunal del país es consistente con una historia de fallos contrarios, salvo excepciones, a trabajadores, consumidores y ciudadanos, y favorables, en lo general, a patrones, empresarios y gobernantes, y de supeditación real, al margen del principio de división de poderes, al Poder Ejecutivo. El Judicial tiene, en esta medida, una cuota de responsabilidad por el ahondamiento de la desigualdad, la antidemocracia y la impunidad en el país, y como correlato, la institución ha erosionado su propia credibilidad e incrementado su distancia con respecto a los ciudadanos comunes.
En cuanto al fallo en sí mismo, llama la atención que el máximo tribunal del país considere suficientemente justificada una decisión vergonzante, cuyos fundamentos fueron ocultados a la opinión pública, con el argumento de que darlos a conocer podría provocar brotes de descontento social; es cuestionable, asimismo, que la SJCN desdeñara el contexto en que ocurrió el despido terminante –una abierta embestida del gobierno calderonista contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)– y concluya que no se afectaron los derechos laborales ni sindicales de los quejosos en la medida en que el gobierno federal les concedió las indemnizaciones estipuladas por la ley.
En otro sentido, la resolución comentada sienta un precedente para que, en lo sucesivo, cualquiera que ocupe la titularidad del Ejecutivo federal pueda desaparecer a discreción cualquier entidad paraestatal, lo que abre una perspectiva alarmante para el futuro de la propiedad pública –la que queda– en el país.
En suma, la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue legalizada por la SCJN, pero ello no contrarresta la percepción de amplios sectores de que la medida fue una injusticia contra los trabajadores, que conllevó un daño grave a la propiedad pública y que buscaba generar oportunidades de negocio a sectores del capital privado cercanos al poder. Tampoco contribuye a disipar el conflicto político y laboral entre el gobierno federal y el SME. Antes, al contrario, lo exacerbará.
