n un documento distribuido a medios de comunicación, agencias de seguridad y legisladores locales en Salt Lake City, Utah, un grupo llamado Ciudadanos Preocupados por Estados Unidos difunde el nombre y los datos personales –domicilio, teléfono, fecha de nacimiento y, en algunos casos, número de seguro social– de mil 300 presuntos migrantes indocumentados en aquel país, y demanda a las autoridades su inmediata deportación.

Lo anterior ocurre con el telón de fondo de la intensificación de las fobias antinmigrantes en el vecino país, cuyo correlato en el ámbito institucional es la aprobación, en abril pasado, de la racista Ley SB 1070 por el Congreso de Arizona. Dicha normativa, que convierte en delito estatal la carencia de documentos migratorios y obliga a las corporaciones policiacas locales a perseguir a los indocumentados, fue recientemente impugnada por el gobierno de Estados Unidos con el argumento de que es inconstitucional y puede redundar en el hostigamiento y la detención de visitantes foráneos e inmigrantes legales, así como de ciudadanos estadunidenses que no puedan probar su estatus migratorio.

A la inaceptable política de persecución que las autoridades de Washington han emprendido en décadas recientes contra los migrantes indocumentados –cuyo propósito último no es propiamente el cumplimiento de la ley, sino modular la oferta de mano de obra barata en función de las necesidades de la economía de ese país– se suma ahora la intensificación de expresiones de racismo y xenofobia dentro y fuera de los marcos normativos. Dicha oleada antinmigrante deriva en una negación rotunda de la legalidad, por cuanto constituye un desafío a la tarea del Estado de garantizar la seguridad y la integridad de las personas, independientemente de su estatuto migratorio y, en el caso de Arizona, convierte a las autoridades en factor de atropello de las garantías individuales y el estado de derecho.

El gobierno estadunidense tiene la responsabilidad principal de revertir lo que debe interpretarse como el inicio de una cacería humana dentro del vecino país. Un paso necesario es el esclarecimiento del origen y la procedencia de la información difundida en el texto comentado: como han señalado organizaciones defensoras de migrantes en Estados Unidos, es inevitable sospechar en la elaboración de ese listado la connivencia de malos servidores públicos, que colocaron a cientos de personas en un estado de absoluta indefensión.

Sin dejar de reconocer la decisión de la Casa Blanca de impugnar la impresentable ley Arizona, tales hechos subrayan la pertinencia y necesidad de que el gobierno de Obama avance en la presentación de una iniciativa de reforma migratoria que provea una vía para que millones de indocumentados que viven en aquel país se regularicen y les ofrezca protección gubernamental efectiva y tangible, habida cuenta de que representan uno de los grupos más vulnerables de esa sociedad.

Es pertinente recordar que la migración, con o sin documentos, no representa una amenaza de desestabilización o inseguridad para Estados Unidos, como han sostenido reiteradamente los estamentos más conservadores y chovinistas de la nación vecina. Por el contrario, los trabajadores indocumentados realizan un aporte fundamental a la economía y la cultura estadunidenses. En cambio, la persistencia de la penalización de la irregularidad migratoria es, en el momento presente, un acicate para la conformación y operación de grupos sociales cavernarios orientados al linchamiento y el fascismo, y ello no conduce a la sociedad estadunidense a la observancia del estado de derecho, sino a la ley de la selva.