El caso en el que está involucrado el productor de televisión Bruce Beresford-Redman, acusado por las autoridades ministeriales de Quintana Roo de asesinar a su esposa, la empresaria brasileña Monica Burgos, provocó que los despechos de los penalistas más influyentes de México cerraran filas en favor de los abogados defensores del estadunidense.

Mediante una carta enviada al gobernador de la entidad Félix González Canto y al gobernador electo Roberto Borge Ángulo, 22 despachos jurídicos que encabezan connotados penalistas, como Alonso Aguilar Zínser, Agustín Acosta Azcon, Julio Esponda Ugarchea, Luis Madrigal Pereyra y Xavier Olea Peláez, manifestaron su indignación y rechazo a las amenazas proferidas por el procurador (de Quintana Roo), Francisco Alor Quezada, a nuestros colegas Raúl Cárdenas Rioseco y Jaime Cancino León, abogados de Beresford-Redman.

El escrito, del cual tiene copia La Jornada, refiere que el pasado 6 de julio el funcionario manifestó, ante los medios de comunicación quintanarroenses, que si los abogados del productor pretenden hacer una imputación de corrupción a la procuraduría estatal, entonces que tengan mucho cuidado, porque es algo delicado. No se vayan a llevar un susto.

Atentado al orden constitucional

El pronunciamiento que unió a los penalistas más conocidos del país –pocas veces ocurre entre los litigantes– advierte que las amenazas lanzadas desde el poder público contra los abogados por ejercer su profesión constituyen un atentado directo al orden constitucional y legal, y es una conducta profundamente antidemocrática ante la cual no podemos guardar silencio.

Agregan: estaremos atentos al hecho y exigimos su inmediata intervención ante este proceder del procurador, que busca comprometer el ejercicio libre de nuestra profesión en el estado de Quintana Roo. México exige el respecto de la ley.