León, Gto., 13 de julio. Las mujeres que se tatúan y hacen perforaciones (piercing) son un ejemplo claro de la pérdida de valores en la sociedad, afirmó la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (Imug), Luz María Ramírez Villalpando, durante una plática a miembros del Partido Acción Nacional (PAN) de la ciudad de León.

Ante unas 250 personas, la funcionaria estatal mostró la fotografía de una mujer con tatuajes y dijo: No hay pautas de valoración o normas de conducta. Esta joven podrá afirmar que es muy original y que es muy su gusto andar así, pero yo me pregunto si no hay un valor que se llama salud y si algunas de estas cosas la estarán perjudicando, sostuvo.

Escandalizada, la responsable de aplicar las políticas públicas en favor de las mujeres en Guanajuato habló del caso de una adolescente que quería hacerse una perforación ¡en sus genitales! ¡Caramba! ¿Para qué quieres lastimarte de esa manera y a quién se lo vas a presumir? Me cuesta trabajo entender.

Ramírez Villalpando ha impuesto una política conservadora en el Imug desde 2006, cuando se inició la administración del gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez.

En noviembre de 2008 se declaró en contra del aborto aunque sea producto de una violación, y aseveró que en el estado el índice de embarazos derivados de ataques sexuales era bajo porque hay una situación propia de defensa del propio cuerpo, donde el pH funge como espermaticida por la agresión que está recibiendo. Se vuelve ácido, tan ácido...

Agregó que aun cuando la mujer violada no tiene suerte y queda embarazada, se inicia una vida nueva con un origen no tan afortunado, pero que no tiene ninguna responsabilidad y tiene un origen natural. Activistas condenaron esa postura.

En agosto del 2009 acusó de terrorista a Ángeles López García, directora del Centro de Derechos Victoria Diez, por defender a una mujer que acusó de abuso sexual a un policía ministerial.

López García señaló que la actitud de la funcionaria contra las mujeres que se tatúan o colocan accesorios en el cuerpo es violatoria de los derechos humanos y envía el mensaje de que las mujeres no son dueñas de su cuerpo y otras personas deben decidir por ellas. Esto tendría que generar indignación, repudio social y la destitución de una funcionaria que fomenta la intolerancia, concluyó.