La Paz, 14 de julio. El Estado boliviano indemnizará a más de 6 mil personas o sus familiares por haber sido víctimas de las dictaduras militares de las décadas de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, con cifras que van de los 5 mil 700 a los 28 mil 800 dólares, informó este miércoles la ministra de Justicia, Nilda Copa.

Estas personas han cumplido con todos los requisitos y ya están listas para resarcirlas. Veremos si hay alguien más de los 6 mil 221 expedientes que tenemos, afirmó. Explicó que, de acuerdo con la ley de 2004, se pagarán al menos 60 salarios mínimos nacionales (5 mil 700 dólares) o un máximo de 300 salarios mínimos nacionales (28 mil 800 dólares).

La ministra Copa indicó que se requiere de más de 14.4 millones de dólares de presupuesto para cumplir con el resarcimiento de las víctimas, de los cuales la ley 2640 prevé un soporte base de 3.6 millones de dólares y el resto debe gestionarse en el exterior.

Pero el ex defensor del pueblo Waldo Albarracín sostuvo que el gobierno boliviano ha puesto una serie de requisitos que son prácticamente imposibles de cumplir para indemnizar a unas 6 mil 221 víctimas de las dictaduras militares, pese a la citada ley 2640 de 2004, que estableció la obligación de este resarcimiento.

Falta solamente que le pidan un certificado de que fue torturado, manifestó en entrevista el activista de los derechos humanos, quien en coordinación con familiares de víctimas de las dictaduras, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Desaparecidos, la Fundación Solón y otras organizaciones sociales están exigiendo al gobierno de Evo Morales la flexibilización de los requisitos para acceder a dicha indemnización.

En la jornada conmemorativa ¡Basta de Impunidad¡, con motivo del 30 aniversario del último golpe de Estado encabezado por el general Luis García Meza, el 17 de julio de 1980, Albarracín afirmó que de las más de 6 mil personas que han presentado su solicitud de resarcimiento, el gobierno mediante el Ministerio de Justicia sólo ha aceptado a unos 200, por eso hay una protesta ciudadana.

La Fundación Solón, en un informe sobre las desapariciones forzadas en Bolivia, documenta que la ley 2640 pone la carga de la prueba en las víctimas y por ende el Estado no asume su responsabilidad, y que en el caso de desaparición forzada se exige la declaratoria de muerte presunta y la consiguiente declaración de herederos, que no es aceptada por familiares de los desaparecidos.