Buenos Aires, 14 de julio. La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó la prisión preventiva para el ex dictador y ex general Jorge Rafael Videla en el juicio que se le sigue por delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción del Tercer Cuerpo de ejército, en este caso en la provincia Córdoba, al considerar que podría entorpecer la investigación en todo lo concerniente a producción de las pruebas faltantes.

De esta manera se prorrogó la prisión preventiva, en momentos en que asiste junto al ex general Luciano Benjamín Menéndez -quien fue jefe del Tercer Cuerpo y ha sido juzgado por numerosos crímenes en distintas provincias, donde operó ese mando- al juicio que se lleva adelante en Córdoba.

En sus declaraciones ante el tribunal, el ex comisario Carlos Yanicelli dijo que el juez Luis Rueda, actual presidente de la Cámara Federal de Córdoba, sabía lo que estaba sucedía en aquellos momentos, lo que fue rechazado por el magistrado, quien sostuvo que fue designado después de que ocurrieron los hechos que se juzgan.

En este importante juicio, el primero al que asiste Videla después de los históricos que se realizaron en esta capital en 1985 contra las juntas militares de la pasada dictadura, los policías imputados han intentado una nueva estrategia y es acusar a varios jueces, especialmente después que se comprobara la participación de algunos de ellos en aquellos crímenes. O al menos el encubrimiento de los mismos.

Tanto Videla como Menéndez se durmieron hoy nuevamente como suelen hacerlo en el transcurso de las presentaciones testimoniales. Este día Videla debió escuchar por primera vez después de 1985 a víctimas y sobrevivientes, en sus dolorosas narraciones de lo vivido en los tiempos del terrorismo de Estado en el país.

La justicia federal sabía cómo trabajaba el D2, fui auxiliar de la justicia, dijo el ex comisario Yanicelli, a quien decían Tucán Grande en el departamento de informaciones de la policía de Córdoba, quien está acusado por seis secuestros, torturas y homicidios.

Treinta y un imputados declararon hasta ayer. Hoy comenzaron a hacerlo sobrevivientes y familiares de las víctimas en este caso presos políticos de la Unidad Penitenciaria número 1 fusilados en un operativo que por órdenes de los mandos del Tercer Cuerpo figuraban como muertos en enfrentamientos en intentos de fuga.

Incluso Yanicelli entregó una fotografía donde se veía a Rueda supuestamente con el jefe del Servicio Inteligencia de la Aeronáutica, y otros jefes de esa arma. Dijo tener más documentos y pruebas de esta alianzas. El abogado del juez Rueda José D’Antona informó luego a la prensa que estos son subterfugios para tratar de apartar al magistrado de la causa. La Cámara deberá revisar la documentación.

Este ex comisario es un hombre con una historia de larga data en el campo de la guerra sucia, ya que incluso perteneció al llamado Comando Libertadores de América, que actuaba antes del golpe militar de 1976. También involucró a otros jueces, como la ex magistrada Cristina Garzón de Lascano y el ex juez Adolfo Zamboni Ledesma, que dijo conocían perfectamente lo que sucedía con los detenidos del D2.

Ayer otro policía Juan Eduardo Molina, ex ayudante de Investigaciones del D2, negó los hechos y apuntó la responsabilidad a la justicia en lo que dijo se trataba de la represión a los subversivos, y destacó que no combatíamos jóvenes idealistas, combatíamos jóvenes delincuentes y en su papel él admitió que actuó por convicción aunque negó los delitos más graves.

Por su parte, el abogado Alan Lud, que representa a las Abuelas de Plaza de Mayo, dijo hoy que ha quedado descartada “la teoría abonada desde el diario Clarín, por sus propios peritos” de que las muestras tomadas a los dos hijos adoptados por la directora de ese Multimedio, Ernestina Herrera de Noble para saber si se trata de hijos de desaparecidos, pudieron haber sido contaminadas en el Banco de Datos Genéticos a propósito o por impericia.

Los peritos de todas las partes se reunieron con la jueza de la causa Sandra Arroyo, y la conclusión fue que estas ropas llegaron contaminadas al lugar y aún falta establecer lo que sucedió. “Caída esa teoría (de Clarín), que era por demás insólita, quedan dos en pie: una que haya sido producto de una casualidad, y la otra que haya sido adrede. Nuestra conclusión es que el único elemento que quede en pie es este último”, afirmó Lud.

Lo que quedó descartado definitivamente es que esta contaminación se produjo en el banco. En este caso también el abogado de Abuelas resaltó la condición de víctimas de Marcela y Felipe Noble Herrera, que fueron adoptados en 1976, en un proceso totalmente irregular y cuya madre adoptiva se ha negado a permitir un examen de ADN, mientras cientos de familias buscan a los niños hijos de desaparecidos que fueron apropiados y entregados a militares, policías o familias amigas de los mismos.