El presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política de la Asamblea Legislativa, Fernando Rodríguez Doval, manifestó que las recientes declaraciones del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en torno a que la Carta de la ciudad de México será la base para elaborar la constitución para una ciudad de izquierda, dificultan y ponen escollos a los avances que han tenido sobre el tema.

El legislador del PAN afirmó que es preocupante esa expresión, pues en principio no debe haber una constitución ni de izquierda ni de derecha, porque se trata de un texto jurídico en el que se plasman los derechos y obligaciones de los ciudadanos, que debe ser ajeno a cualquier ideología política.

Ante ello, adelantó que durante un encuentro privado que sostendrá con el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, pedirá que se haga una rectificación al respecto, pues hasta ahora han tenido un diálogo permanente, en aras de lograr una propuesta conjunta con todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa.

Además, indicó que el planteamiento es de que sea el órgano legislativo local el responsable de elaborar la constitución y no a partir de la Carta de la ciudad de México. Podemos contar con la asesoría y el apoyo de los expertos, pero debe ser en la Asamblea, apuntó.

Detalló que ya hay una primera propuesta para modificar el artículo 122 constitucional, en el que se proyecta reconocer al Distrito Federal como asiento de los poderes federales y con un estatus jurídico propio, en el que el presidente de la República tendría el mando de la seguridad pública, pero serían las autoridades locales las responsables de la dirección.

También –agregó– se reconoce la capitalidad del Distrito Federal y la necesidad de fortalecer a la Asamblea Legislativa e incluirla como parte del Congreso Constituyente.

Respecto de las delegaciones, explicó que se acordó nombrarlas demarcaciones, para que sea ya en la constitución donde se fije el nombre, su población y delimitación geográfica. Tendrían, además, un consejo de gobierno, que sería el responsable de evaluar la administración pública.