De enero de 2008 a abril de 2010 se registraron 141 casos de secuestros de migrantes, por los cuales hay 36 detenidos y 393 víctimas, destaca el informe que ayer presentó el gobierno de México sobre el combate a la retención forzada de indocumentados en su paso por territorio nacional rumbo a Estados Unidos.

El informe señala que de enero de 2009 a abril pasado, se realizaron 17 operativos para liberar a 515 migrantes secuestrados.

El documento fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, y da respuesta a los cuestionamientos que se hicieron al Estado mexicano en la audiencia pública que se realizó en el organismo el pasado 22 de marzo.

Con más de 100 cuartillas, el informe reitera el compromiso del gobierno con la protección de los derechos humanos de aquellas personas que ingresan a territorio nacional, en particular de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Expone, además, el marco jurídico e institucional existente en materia de protección a los migrantes y presenta la información concreta de que disponen las autoridades, con relación al número de casos de secuestro. Al respecto enfatiza la necesidad de contar con herramientas adecuadas y confiables que permitan cuantificar de manera periódica el problema, así como medir la eficacia de las acciones emprendidas.

De las medidas que enumera el documento, destaca la existencia de una mayor coordinación entre los gobiernos estatales y el federal en el combate a las redes de secuestradores y la despenalización de la migración indocumentada.

Sobre este último punto, se enfatiza la eliminación de las penas de prisión, de entre 18 meses y 10 años, a los extranjeros por delitos de internación ilegal, falsificación de documentos, ostentación de calidad migratoria distinta a la que poseen y violación del plazo de internación legal, entre otros.

Resalta el informe que autoridades estatales vigilan las rutas de tránsito de los indocumentados y que se han creado unidades y fiscalías especializadas en la investigación de secuestros.

También se han efectuado reformas legislativas para incrementar las penas a quienes privan de su libertad a los extranjeros.

A partir de 2008, se han aplicado más de 14 mil evaluaciones de control de confianza al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y se reactivó la Academia de Policía de San Luis Potosí, donde se forman y capacitan elementos de las policías federal y locales. La finalidad de estas acciones es formar nuevas generaciones de oficiales profesionales, confiables y honestos, que no se involucren en las redes del crimen organizado.

Agrega que se han detenido a funcionarios de los tres órdenes de gobierno presuntamente vinculados con grupos criminales dedicadas a la trata, tráfico y secuestros de personas.

Cabe destacar que el documento tiene como referencia central el Informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en junio de 2009, y el informe Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México, que publicó Amnistía Internacional en abril pasado.