En los centros de readaptación social de esta capital están presos cerca de 500 indígenas, quienes en algunos casos no tienen dinero para pagar sus finanzas, por lo que se ha dado el caso de que permanezcan encerrados por años.

Así lo manifestó ayer la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de esta ciudad, Rosa Márquez, quien comentó que una parte importante de esos indígenas están presos por delitos relacionados con robos menores, a quienes se les han impuesto multas de 2 mil o 3 mil pesos.

La funcionaria participó, junto con diputados locales, en la presentación del anteproyecto de ley indígena, en el cual se plantea la creación de un fondo presupuestal en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que permita a las autoridades locales contar con recursos para apoyar a esos indígenas presos y puedan pagar su fianza y salir libres.

En el acto participaron el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Legislativa, Horacio Martínez; la delegada estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI), Elvira Murillo, así como Fabiola Poblano, presidenta del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, quienes destacaron la importancia de contar con un marco legal que proteja la identidad y derechos de los indígenas de esta capital.

Durante el acto se entregó una copia del anteproyecto de la citada ley a representantes de comunidades indígenas locales, para que lo analicen y opinen si están de acuerdo con él para elaborar la iniciativa que se presentará a la ALDF.