l día de ayer llegó a nuestro país el presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, quien en su carácter de ex ministro de Defensa es uno de los principales responsables por omisión o comisión del asesinato de miles de jóvenes que disfrazados con uniformes guerrilleros son presentados como muertos en combate y conocidos como falsos positivos. También, Santos está ligado al asesinato de cuatro ciudadanos mexicanos y al intento de homicidio, así como las lesiones y torturas sufridas por la mexicana Lucía Morett, en la invasión militar que violentó la soberanía nacional de Ecuador el primero de marzo de 2008. Tanto este presidente electo como el saliente Álvaro Uribe han reconocido con orgullo que ordenaron el ataque, mismo que provocó la muerte de 25 personas, entre ellas la de los estudiantes mexicanos Juan González del Castillo, Verónica Velázquez Ramírez, Soren Avilés Ángeles y Fernando Franco Delgado.

Los padres de estos estudiantes han expresado públicamente su repudio e indignación por la visita de Santos, argumentando que es inadmisible que el gobierno mexicano, en lugar de procesar a los asesinos de nuestros connacionales –como lo establecen las leyes–, los invite a nuestro país y le apueste al olvido. De esta manera, afirman los padres, Felipe Calderón muestra sus vínculos con un gobierno que –sometido a Estados Unidos– comete graves violaciones al derecho internacional y los derechos humanos, y ratifica su desprecio por la justicia. A los gobernantes colombianos, acostumbrados al ejercicio de la fuerza, la impunidad y la ilegalidad, no les basta con haberles quitado la vida a nuestros hijos, con establecer una feroz persecución política contra Lucía Morett y con solicitar su detención a través de la Interpol. Contraviniendo el derecho de manifestación en nuestro propio suelo, el embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio Isaza, nos amenazó de muerte el primero de junio, cuando realizábamos una protesta ante la embajada. A estas acciones injerencistas se suma la cínica afirmación que nos manifestó en febrero pasado indicando que su gobierno realiza investigaciones sobre las actividades políticas de los estudiantes en la UNAM.

También, en días pasados los miembros de la Comisión Ética por la Verdad en Colombia hicieron pública una carta dirigida a Santos, en la que manifiestan que habiendo escuchado su discurso en la noche electoral del 20 de junio pasado, están preocupados porque no hay mención a las miles de víctimas –y no sólo de ejecuciones extrajudiciales– del Estado y de grupos paramilitares, y el derecho de estas víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. También opinaron que en esta alocución, el presidente electo sigue apostando a una solución militar al conflicto social y armado de Colombia, llamando a la unidad nacional, a la victoria militar sobre las guerrillas y su reinserción, sin que se reconozca que hay una necesidad de negociar soluciones a este conflicto social y armado que ha costado miles de vidas, dolor y tanto daño a la sociedad colombiana. La Comisión Ética exhortó a Santos para que su mención a una justicia fuerte, autónoma y eficaz para acabar con la impunidad incluya el respeto a las sentencias de tribunales internacionales y nacionales –aunque sean contra militares y ex militares–, a la continuidad de los procesos por vínculos de políticos con paramilitares, y que sea verdad que será firme en defender las garantías procesales: pero no sólo de los miembros de la fuerza pública sino también de las defensoras y defensores de derechos humanos y líderes sociales injustamente acusados basados en montajes judiciales muchas veces por reinsertados a cambio de la rebaja de penas.

Tanto en política externa como interna, Santos representa la continuidad del régimen de Uribe, a quien elogiosamente se refirió en su discurso de triunfo electoral como el mejor presidente que ha tenido Colombia. El presidente electo se ufana de saber cómo hacer la guerra a los terroristas, a los que deshumaniza en grado extremo. Se sabe que exhibió como trofeo la mano cercenada de un guerrillero muerto por sus tropas.

Por su parte, Felipe Calderón tratará de hacer extensivas a Santos sus excelentes relaciones sostenidas con Uribe, con quien se identifica en su colaboracionismo con Estados Unidos, en su política de seguridad democrática, en su odio a los movimientos sociales y a todo lo que representan las izquierdas.

Si existiera un estado de derecho en México y una republicana separación de poderes, Santos sería detenido en el aeropuerto y llevado a juicio por homicidio premeditado y con alevosía de ciudadanos mexicanos y por sus crímenes de lesa humanidad. No obstante, como vivimos una simulación democrática, encabezada por un gobernante ilegítimo, que ha llevado el país a una catástrofe nacional, en el que se despide de un plumazo a 44 mil trabajadores, se emplaza a las fuerzas armadas a cumplir labores que no les corresponden constitucionalmente, y se les agravia con la impunidad, la corrupción y la represión contra el pueblo, Santos será recibido en Los Pinos, agasajado por el grupo gobernante y festejado por Calderón.

No obstante, debe saber, señor Santos, que hay ciudadanos mexicanos en uso de sus derechos constitucionales que consideramos su persona como non grata y lesiva para el país. También exigimos la salida inmediata del embajador colombiano Luis Camilo Osorio Isaza, por realizar tareas de inteligencia en territorio mexicano abiertamente autorreconocidas, y amenazar a nuestros ciudadanos, con la complicidad de las autoridades judiciales y de las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación.

A los irreductibles trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas