El gobierno federal ofreció anoche al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) analizar el reconocimiento oficial (toma de nota) de la dirigencia del gremio, así como estudiar una vía alterna del servicio de energía eléctrica para la zona central del país –con base en una propuesta que presentó el sindicato–, siempre y cuando se levante la huelga de hambre colectiva del Zócalo.

Después de cinco horas de negociación con el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y el subsecretario de Gobierno, Roberto Gil, la comisión del SME encabezada por Martín Esparza se trasladó al campamento en la Plaza de la Constitución para poner a consideración de los huelguistas la propuesta gubernamental.

De acuerdo con integrantes del comité central del SME, hay un avance de 50 por ciento respecto de los objetivos de la organización, que pretende la contratación colectiva de los trabajadores que no han cobrado su liquidación (cerca de 17 mil de un total de 44 mil en Luz y Fuerza del Centro), mediante una estructura paralela a la Comisión Federal de Electricidad que atienda la capital del país y municipios conurbados.

Al cierre de esta edición, ambas partes valoraban las propuestas con miras a reunirse el próximo lunes en una mesa de negociación, de análisis profundo y de respuestas ejecutivas, pero con el ayuno colectivo levantado.

Durante este jueves la postura del gobierno federal ante las demandas del SME se mantuvo inamovible, antes del encuentro nocturno entre Blake y Esparza.

El funcionario salió de Bucareli y una hora después regresó a su despacho, mientras mensajeros iban y venían de la sede de Gobernación con sobres anaranjados que suponen información estrictamente confidencial.

Por la tarde, el gobierno federal se deslindó de cualquier responsabilidad ante un desenlace fatal en los huelguistas de hambre que mantienen un plantón en el Zócalo de la ciudad de México desde el pasado 23 de abril.

El desenlace fatal no es el triunfo o la derrota de una de las partes en conflicto; sería la derrota de una sociedad que le apuesta al diálogo, a la tolerancia y a la ley, como mecanismo de solución de sus diferencias, advirtió el subsecretario de Gobierno de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, en conferencia de prensa vespertina.

Explicó que ante la negativa del SME a que las personas en ayuno sean atendidas por personal del Instituo Mexicano del Seguro Social, se ha solicitado la intervención, para ese propósito, de la Cruz Roja.

Dijo además que se mantendrá el diálogo con Gobernación, lo que significa que fue rechazada la petición del SME, en especial de los ayunantes, de conversar directamente con el presidente Felipe Calderón.

Sostuvo que para el gobierno la delicada salud de los ayunantes, en especial de Cayetano Cabrera y Miguel Ángel Ibarra (a punto de cumplir 90 días en huelga de hambre), no sólo es un asunto estrictamente político, sino de carácter humanitario.

Por eso, insistió el funcionario, un desenlace fatal será la derrota de una sociedad entera, y refrendó el deslinde de la responsabilidad gubernamental con el argumento de que desde el 12 de mayo pusieron a disposición de los huelguistas atención médica.

Antes del encuentro nocturno, se dijo que la postura gubernamental era firme y sólo se precisaría la lista de alternativas productivas para los ex trabajadores de LFC, ya que una recontratación colectiva resultaría un gasto multimillonario para las arcas federales.

En el decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) se argumentó que la operación de ese organismo, que suministraba energía eléctrica a la zona centro del país, representaría un aumento en las transferencias presupuestales hasta alcanzar 300 mil millones de pesos durante el presente sexenio.

De acuerdo con fuentes de Gobernación, ayer se ratificó ante los representantes del SME que el erario no puede absorber la recontratación de los 44 mil ex empleados de LFC, porque antes de su extinción esta empresa representaba costos por 433 mil 290 millones de pesos, incluida la energía que compraba a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según el cálculo gubernamental, a esa cifra habría que añadir el pasivo laboral por 240 mil millones de pesos necesarios para el pago de salarios, prestaciones y cuotas de jubilación.

Por la mañana, en conferencia de prensa, Roberto Gil señaló que el gobierno federal asume con toda seriedad la expresión de protesta y reiteró su llamado para que concluya.

Reiteró que el diálogo político tiene el límite de la ley, y que sería irresponsable, como gobierno de la República, solucionar un problema generándole al país otro a largo plazo, específicamente a la CFE.