Tlapa, Gro., 25 de julio. Las órdenes de aprehensión contra defensores de los derechos humanos han aumentado en Guerrero en meses recientes y a la fecha hay 26 profesores, activistas, indígenas y estudiantes detenidos y procesados, aseguró Abel Barrera Hernández, presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El sábado por la noche en Tlapa, durante la celebración del 16 aniversario de la institución, Barrera Hernández destacó que de mediados de 2009 a mayo de 2010 ha aumentado el número de detenciones, y en siete meses se han efectuado nueve. Además, en junio el gobierno de Zeferino Torreblanca reactivó las órdenes de aprehensión contra integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero.

Otros perseguidos son militantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, egresados de la normal rural de Ayotzinapa, opositores a la empresa minera Media Luna e integrantes del Frente Opositor al Muelle de Icacos y del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

El gobierno estatal cataloga a los luchadores sociales como delincuentes, les gira órdenes de aprehensión y los procesa aun cuando los procesos se basan en delitos prefabricados, como ocurrió en el caso de Raúl Hernández, miembro de la Organización del Pueblos Indígena Me’phaa, preso en Ayutla de los Libres desde hace más de dos años, sostuvo.

En el último año del actual sexenio resurgió la violencia política como expresión funesta de la protección a los violadores de derechos humanos, lo que alienta la impunidad, dijo.

Guerrero, recordó, es el único estado del país que tiene pendientes cuatro casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los campesinos ecologistas, cuyo denominador común han sido los abusos perpetrados por militares, señaló.