Washington, 28 de julio. El gobierno de Estados Unidos prepara una investigación penal para determinar si los estrechos vínculos entre la multinacional British Petroleum (BP) y reguladores federales contribuyeron a causar el catastrófico derrame de crudo en el Golfo de México, en que estarían involucradas además otras dos compañías.

El grupo de investigadores, conocido como Escuadrón BP, que viajó a Nueva Orleáns, incluye a funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental, la Guardia Costera y otras dependencias federales, que apuntan su pesquisa criminal en torno a BP, Halliburton y Transocean, según fuentes consultadas por The Washington Post.

Transocean es la empresa que arrendó la plataforma siniestrada Deepwarter Horizon a la firma de Gran Bretaña, mientras que el gigante de ingeniería Halliburton había terminado de rellenar de cemento el pozo menos de dos días antes de que la plataforma explotara el 20 de abril –que luego se hundió–, lo que causó la muerte de 11 trabajadores e inició el derrame de toneladas de crudo y gas.

El diario cita fuentes que indican que una de las líneas de la pesquisa es determinar si los inspectores del Servicio de Manejo de Minerales (MMS por su sigla en inglés, la agencia federal encargada de regular la industria petrolera) se hicieron de la vista gorda a cambio de dinero u otros favores de las empresas en cuestión.

Los investigadores estudian miles de documentos entregados por las compañías, interrogan a sus funcionarios e intentan determinar a los responsables de varias operaciones en la plataforma.

Además, buscan establecer si funcionarios de las empresas hicieron falsas declaraciones a los reguladores, obstruyeron la justicia o falsificaron resultados de las pruebas para prevenir explosiones.

Varias auditorías federales han documentado los estrechos vínculos de los funcionarios del MMS con la industria. Sin embargo, el periódico indicó que podría pasar por lo menos un año antes de que el Departamento de Justicia pueda presentar cargos penales derivados de la investigación, en la que todavía tratan de conseguir testigos para cruzar informaciones.

Esta investigación es una de las varias iniciadas tras la explosión y hundimiento de la plataforma de BP, que causó el mayor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos, incluyendo una del Departamento de Justicia anunciada en junio por el fiscal general Eric Holder, y las pesquisas penales iniciadas en los estados de Luisiana, Misisipi y Alabama.

Al cumplirse hoy 100 días del desastre petrolero frente a las costas de Luisiana, el director ejecutivo saliente de la compañía, Tony Hayward, dijo que no tiene intención de someterse a un nuevo interrogatorio de senadores estadunidenses, tras el anuncio de que dejará el cargo el primero de octubre al estadunidense Bob Dudley.

Mientras Dudley dijo confiar en que el próximo lunes o martes British Petroleum podría cerrar en forma definitiva el pozo, la compañía petrolera británica se aprestaba a encarar este jueves por primera vez ante la justicia a víctimas del derrame en el Golfo de México.

En Boise, Idaho, BP hará frente a alrededor de 200 demandas, donde los jueces decidirán si todas ellas pueden fusionarse.

La mancha de crudo en el Golfo de México parece estarse degradando rápidamente a dos semanas de que la principal fuga del pozo descontrolado fuera sellada bajo el mar, informó el New York Times, que cita a expertos estadunidenses.

Según lo anterior, gran parte del petróleo sobre el agua se ha evaporado y ha sido devorado por bacterias, a lo que han contribuido también las dos tormentas tropicales recientes en la región.

No obstante, grupos ecologistas como SkyTruth alertaron respecto del impacto ambiental a largo plazo en la zona, mientras que los científicos no saben aún cómo se han repartido las masas de crudo bajo la superficie marina.

Tampoco se conoce con certeza el efecto de los químicos vertidos masivamente por BP para descomponer el petróleo.