El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de que el Instituto Federal Electoral (IFE) retuviera 13.1 millones de pesos de las prerrogativas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en cumplimiento de una orden judicial, a fin de liquidar un adeudo que tiene con una empresa ligada a Carlos Ahumada. La decisión se aprobó sólo por el voto de calidad de la magistrada presidenta, María del Carmen Alanís, ya que ayer sólo asistieron seis magistrados a la sesión, con una votación de 3 a 3.

En el proyecto presentado por el magistrado Alejando Luna Ramos, sostenía que las sentencias dictadas por un órgano jurisdiccional por ser de orden público y de cumplimiento inexcusable, obliga a todos aquellos entes públicos o privados, en cuyo ámbito de atribuciones está la posibilidad de coadyuvar en dicho cumplimiento. Según la ponencia, el IFE no tenía alternativa más que ejecutar la orden judicial de manera cabal, inmediata y puntual, por lo que se aprobó descontar en este mes los 13.1 millones de pesos, lo que representa más de 30 por ciento de las prerrogativas correspondientes a dicha ministración.

La magistrada presidenta defendió ampliamente que se retuviera el dinero al PRD, partiendo del supuesto de que en ningún momento compartiría la posibilidad de revisar la determinación de un juez. Su argumento se centró en que anualmente el Congreso aprueba un presupuesto en el que se fijan –a partir de una formula legal– las prerrogativas de forma anual.

Subrayó que la discrepancia radicaba en determinar si el IFE tenía la facultad de retener el dinero, por lo que argumentó que desde el momento en que se asignan anualmente las prerrogativas, éstas pertenecen a los partidos políticos. Es decir, ya son parte del patrimonio de los partidos, si se quiere en la modalidad de derecho, pero también los derechos son embargables.

La resolución fue cuestionada por el magistrado Manuel González Oropeza, para quien no estaba a juicio la orden judicial sino la actuación del IFE, instancia que no podía disponer de los recursos del partido porque son prerrogativas etiquetadas que deben ser entregadas puntualmente.

A su juicio, plantear lo contrario era ir contra la Constitución y otras leyes, porque llevado al extremo, este precedente implicaría poner en riesgo que los partidos puedan cumplir su función pública de lograr la representación nacional. Por ello, sus recursos no son embargables, pues si vamos a autorizar que el financiamiento público se dedique al pago de las deudas, no sé hasta qué punto puede tener peligro de que estos fines constitucionales se pongan en entredicho.

Igualmente en contra del proyecto se pronunció el magistrado Flavio Galván, quien aseveró que las prerrogativas ya están asignadas y deben ser entregadas, por lo que el IFE solamente debe constreñirse constitucional y legalmente a entregar mensualmente el dinero que por concepto de financiamiento le corresponde y no puede alterar el cálculo y monto de dinero que corresponde”. En este sentido también se pronunció el magistrado Constancio Carrasco Daza.

Alanís y Luna Ramos defendieron la propuesta original, misma que también recibió el respaldo Salvador Nava Gomar, quien avaló la explicación de la magistrada presidenta enfatizando en que el IFE no es la autoridad responsable porque no es un presupuesto de la institución, sino que está etiquetado, por lo que actúa como una autoridad auxiliadora en el cumplimiento de una ejecutoria judicial.

Luego de dos horas, con la votación empatada –pues el magistrado Pedro Penagos está de vacaciones–, y sólo por el voto de calidad de Alanís, como dispone la ley, se avaló retener el dinero al PRD.