n la década de los 20 se realizaron los primeros estudios sobre la migración mexicana, justo antes de la gran deportación por la crisis mundial de 1929. Destacan los análisis de Gamio, Taylor, Redfield y Favila. Este último consideraba a la migración como un pecado, como algo dañino y perverso para la persona y la nación de origen. Favila era partidario decidido de controlar o al menos disuadir la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos. Y su argumento se basaba precisamente en lo mal que lo pasaban los migrantes y el altísimo grado de explotación al que se veían sometidos.

La migración no es la panacea y Estados Unidos no es el paraíso, aunque algunos ilusos piensan que sí. Por el contrario, la migración podría considerarse como una caja de Pandora, como el engaño mismo disfrazado de amante, una mezcla de bien y mal, donde se manifiestan una serie de fuerzas oscuras que seducen para buscar y anhelar un bello mal. Y el repaso mitológico viene a cuento, porque en la actualidad vivimos otra crisis económica global y la migración vuelve a estar en el centro del debate.

En efecto, al trabajador migrante clandestino lo han convertido en ilegal. Y no basta con estigmatizarlo como tal, sino que ahora se pretende legalizar su condición y convertir al migrante irregular en criminal. De eso trata la llamada ley Arizona (SB 1070): de criminalizar al migrante y perseguirlo de manera oficial, con toda la fuerza del aparato estatal, con la sola justificación de que se presuma su condición de irregularidad.

No obstante, la ley Arizona pone al descubierto una serie de vacíos legales en cuanto al tratamiento que se debe dar a la migración irregular. Se pretende cambiar el concepto de lo que podría considerarse como falta administrativa a la de actividad criminal, que debe perseguirse y sancionarse. Al criminalizar la migración irregular, el migrante viola la ley y está sujeto a un juicio criminal y no a una sanción administrativa.

Sin embargo, la jurisprudencia, que juega un papel fundamental en el sistema legal estadunidense, no tiene mayor aplicación en el caso de la migración indocumentada. Primero, porque no está bien definido el delito y las sanciones correspondientes son totalmente aleatorias. Un migrante ilegal puede ser deportado al día siguiente o puede ser encarcelado un mes, tres o 10 meses. Incluso un visitante que trata de ingresar legalmente, con visa de turista, puede ser encarcelado porque el funcionario que revisó sus papeles considera que la persona no acredita adecuadamente los requisitos.

Se dice, por ejemplo, que no es lo mismo cruzar la frontera como ilegal, que entrar como turista y luego quedarse más del tiempo permitido y de este modo pasar a ser irregular. La primera opción debe ser sancionada de manera diferente que la segunda. Sin embargo, a fin de cuentas en ambas situaciones se cae en el mismo tipo de ilegalidad. Pero no hay un cuerpo legal constituido que defina cada situación. En 1986, se legalizaron más de 3 millones de indocumentados, sin importar que hubieran cruzado la línea como ilegales o hubieran entrado como turistas. La amnistía fue pareja para todos.

Por otra parte, la jurisprudencia señala que en el caso de menores de edad los padres son los responsables. Pero en el caso de la migración irregular no aplica este principio general. Los niños de pecho que pasaron la frontera como ilegales, son tan culpables como sus padres que los transportaron o se lo encargaron a un coyote para que cruzara la frontera. Tampoco aplica el principio legal de la mayoría de edad, cuando los menores infractores quedan eximidos de sus faltas al cumplir 18 años.

Peor aún. La jurisprudencia y los códigos legales internacionales señalan que la mayoría de los delitos prescriben con el tiempo. Los ladrones, estafadores, violadores, asesinos y demás criminales que no son capturados en los tiempos establecidos por la ley, no pueden ser sujetos de un juicio criminal. Son muy pocos los crímenes que no prescriben, como el de traición a la patria o crímenes de lesa humanidad. Ahora se suma el crimen del migrante irregular que no prescribe. Millones de personas llevan 10, 15, 20 años como irregulares y su crimen, su pecado original de ser migrantes irregulares, sigue presente como la espada de Damocles, una espada desenvainada que pende sobre su cabeza criminal.

Y la mitología no se aleja tanto de la realidad. Es el caso de Anastasio Hernández mexicano de 42 años, padre de cinco hijos, que llegó siendo adolescente a Estados Unidos y que fue asesinado cuando se resistió a ser deportado, en el momento mismo en que iba a tocar suelo mexicano. Un suelo, que era suyo, pero que la vida lo ha llevado a considerarlo lejano, desconocido, irreconocible. Y el caso de Anastasio es el de cientos de miles de jóvenes que no pueden regresar, que se resisten a retornar porque toda su vida se desarrolló en el otro lado. Son aquellos que esperan con ansias la ley llamada Dream Act que les permitiría estudiar en la universidad y regularizar su situación. Es la generación conocida como uno y medio, que están en el limbo, no son la primera generación de migrantes que llegaron a trabajar ya adultos, tampoco son los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos, que son la segunda generación y sí tienen todos los derechos de los ciudadanos estadunidenses.

La realidad migrante es cada vez más compleja y difícil de solucionar. Y cada día que pasa se agrava el problema y tenemos más casos de migrantes deportados, de familias separadas, de trabajadores encarcelados. Pero al mismo tiempo es imposible deportar a 11.9 millones de indocumentados. Deportarlos significaría la quiebra de muchas empresas, para empezar del sistema agrícola estadunidense que se sustenta en la labor de más de un millón de trabajadores, en su mayoría irregulares. Los campos agrícolas estadunidenses son el castigo divino para aquellos que entraron de manera irregular en el paraíso. Una contradicción más del sistema migratorio de Estados Unidos.