El rescate de los periodistas secuestrados es digno de celebrarse, pero atrás de él está la cada vez mayor incapacidad del Estado para brindar a los comunicadores las condiciones mínimas para realizar su trabajo, coincidieron activistas de los derechos humanos.

Es una noticia importante, porque lo fundamental era preservar la vida de los periodistas, pero también habla de la reiterada incapacidad de las instituciones del Estado para indagar y resolver esos asuntos, señaló Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia.

Aunque el gobierno diga que le preocupa el tema de la seguridad, hoy constatamos lo vulnerables que somos. Las desapariciones siguen mermando la libertad de expresión, porque demuestran que si alguien investiga y da resultados eso pone en riesgo su vida, comentó.

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, expresó que las amenazas contra los comunicadores representan un obstáculo para alcanzar una sociedad verdaderamente democrática, en la cual la libertad de expresión esté plenamente garantizada.

Los periodistas son considerados una amenaza para los poderes político y económico, y los actos de violencia que los afectan ahora no vienen sólo del Estado, sino también de la delincuencia organizada. Esa ha sido la constante en este sexenio, subrayó.

Humberto Guerrero, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacó la doble amenaza que significan el gobierno y los narcotraficantes.

Los periodistas deben trabajar ahora en un terreno más movedizo, en el que se ha complicado saber de dónde vienen las agresiones. Peor aún, en los casos en que el Estado y el crimen organizado se han coludido, apuntó.