Tijuana, BC, 2 de agosto. Alrededor de 60 mil jornaleros agrícolas sufren explotación laboral en el poblado de San Quintín, en el sur de Ensenada, Baja California: carecen de servicios médicos, aguinaldo, vacaciones, prestaciones sociales, jubilación y días de descanso, además de que viven en condiciones de extrema pobreza, aseguró el dirigente nacional de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Federico Ovalle Vaquera.

El también diputado federal afirmó que en México hay más de 26 millones de personas que obtienen ingresos sumamente bajos y los índices de pobreza continúan en aumento.

Señaló que los jornaleros agrícolas de San Quintín son ejemplo del fracaso de las actuales políticas sociales, y condenó a gobiernos que han encarcelado a dirigentes sociales en Baja California y no han podido acabar con la delincuencia organizada.

Ovalle Vaquera anunció que este año se garantizará seguridad jurídica para 2 mil 500 familias que habitan en el ejido Maclovio Rojas, ubicado en la zona oriente de Tijuana, donde se carece de drenaje, pavimentación y servicios públicos.

Agregó que la CIOAC tiene la responsabilidad histórica de impulsar los cambios que requiere el campo, donde hay muchas injusticias. Un ejemplo es que, de los 269 mil millones de pesos destinados a programas del campo para este año, 70 por ciento se reparte entre campesinos que reciben una cuota de 3 mil pesos anuales, pero hay otro 20 por ciento que recibe 50 mil y hasta 100 mil pesos, y el 10 por ciento restante corresponde a los grandes productores, que reciben los mayores beneficios.

Indicó que se pretende revertir esta situación, y por ello, desde el Congreso de la Unión, estamos pidiendo apoyo verdadero a los campesinos, que se dé seguimiento a los recursos que se destinan al campo, a proyectos productivos que no sean sexenales sino que persistan, para que la mayoría pueda salir de la marginación y la pobreza.

Federico Ovalle indicó que, a 47 años de su fundación y a 20 de operar en Baja California, la CIOAC no está afiliada a partido político alguno, por lo que cada uno de sus miembros es libre de militar donde quiera.

Se manifestó por que los gobiernos estatales, especialmente el de Baja California, eviten enfrentamientos con los líderes sociales, y recordó que muchos de ellos han sido perseguidos y encarcelados por el simple hecho de exigir un mejor nivel de vida para cientos de familias que viven en la marginación.