Como un primer acuerdo de la mesa de diálogo entre el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se pagarán las prestaciones devengadas durante 2009 a cerca de 16 mil integrantes de esa organización gremial que no han aceptado su liquidación.

Además, un grupo de funcionarios de diversas dependencias analizará las implicaciones jurídicas y presupuestales de la propuesta del SME, con base en la cual busca la reinserción laboral de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) que se mantienen en resistencia.

En tanto, fue pospuesto para la siguiente sesión de la mesa de diálogo de alto nivel el informe acerca del análisis de la solicitud de toma de nota de Martín Esparza y el resto del comité central del SME. El trámite se estudia en la Dirección General de Registro de Asociaciones, dependencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Al término de la segunda reunión de trabajo firmaron la minuta los secretarios de Gobernación y del Trabajo, José Francisco Blake Mora y Javier Lozano Alarcón, respectivamente; el subsecretario de Gobierno, Roberto Gil, y los secretarios del Interior y del Trabajo del SME, Humberto Montes de Oca y Eduardo Bobadilla.

Es decir, pese a las advertencias de Esparza y de Lozano por llevar al encuentro sus inconformidades por la actuación de unos y otros, continúa la integración de la mesa en los mismos términos.

El pago de prestaciones es una exigencia del SME desde diciembre pasado; incluso, existe una demanda penal ante la Procuraduría General de la República, promovida por el sindicato, mediante la cual se intentó combatir la negativa gubernamental a saldar pagos correspondientes a aguinaldo y fondo de ahorro de los trabajadores que no han acudido a firmar su renuncia voluntaria.

Posteriormente, según el punto cuatro de la minuta, se dará respuesta a la solicitud de información en relación con el tema del fondo de reserva de jubilaciones.

Al término del encuentro, que se prolongó casi tres horas (la mitad de tiempo que en las dos sesiones anteriores, incluida la del 22 de julio para levantar la huelga de hambre colectiva de electricistas en el Zócalo capitalino), Esparza informó que el SME entregó una propuesta para que sus representados formen parte de una estructura que brinde el servicio de energía eléctrica en la zona central del país.

De acuerdo con el dirigente, existen condiciones legales y presupuestales para dar empleo a este grupo, cuya nómina tendría un costo de unos 2 mil 900 millones de pesos, esto es un porcentaje menor respecto de los 55 mil millones de pesos que facturaba la extinta LFC, según el último reporte, correspondiente a 2008.

Hay condiciones. Planteamos que queremos regresar a trabajar en lo que siempre hemos hecho: el sector eléctrico. Ya el gobierno pondrá el nombre, las condiciones jurídicas, disponibilidad presupuestal, y ahí también tendrá que ver la disposición del Congreso de la Unión, señaló, y agregó: “Hay buena disposición del secretario de Gobernación de continuar en esta mesa para alcanzar acuerdos.

–¿Se analizó el tema de la denuncia del secretario Lozano respecto de la agresión de la que dijo fue objeto el martes?

–Se comentaron muchas cosas, entre éstas que tenemos que mantener la calma. El SME está abierto al diálogo y a la negociación, y Vamos a continuar en el marco de la institucionalidad.

–¿Les pidieron respetar la tregua?

–No nos han pedido nada más que mantener la calma– respondió el dirigente y precisó que la tregua no significa suspender la movilización pacífica, sino mantener el activismo político.

Agregó que los trabajadores que están a punto de jubilarse van a formar parte de este acuerdo. Sin embargo, no se descarta, según información consultada, que se abra un programa de retiros anticipados.

Sobre los pagos pendientes, a partir del lunes se reunirá el subsecretario Gil con funcionarios de la Secretaría del Trabajo y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (liquidador de LFC. Por el SME acudirá Eduardo Bobadilla.