Diversas agrupaciones de defensa de los derechos de las mujeres, ex legisladoras y diputadas se manifestaron ayer frente a la representación del gobierno de Guanajuato en el Distrito Federal para exigir al gobernador de esa entidad, Juan Manuel Oliva Ramírez, el cese de la criminalización de quienes interrumpen su embarazo, pues ello va en contra del derecho a decidir sobre su cuerpo y de tratados internacionales signados por México, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).

Cientos de integrantes del Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres demandaron la excarcelación de las seis recluidas por abortar, tanto de forma espontánea como por recurrir a esta práctica porque fueron violadas o porque decidieron abortar por otro motivo. Las penas que purgan van de 15 a 30 años, ya que han sido acusadas del delito de homicidio en razón de parentesco.

Las manifestantes demandaron detener los procesos judiciales aberrantes a los que están siendo sometidas en la mencionada entidad otras 160 mujeres bajo los mismos pretextos.

Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), señaló en entrevista concedida durante el transcurso del mitin, en el cual una comisión ingresó a la representación a entregar una carta dirigida al gobernador guanajuatense, que encarcelar a mujeres que abortan es una consecuencia de que gobiernan y legislan con la Biblia en la mano, por lo que llamó a los mandatarios locales a dejar de anteponer sus convicciones religiosas en asuntos de gobierno, ya que violentan el Estado laico.

Señaló que recluir y someter a procesos judiciales a mujeres que interrumpieron un embarazo tiene por objetivo intimidar a las mexicanas (excepto a quienes habitan en el Distrito Federal) y agregó que la mayor parte de dichos procesos se basan en acusaciones falsas, tergiversación y manipulación de las leyes. También reprobó que sólo se castigue a las mujeres, mientras se deja en la impunidad a sacerdotes que cometieron delitos de pederastia.

Leticia Quezada, diputada federal por el PRD, informó que se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que emita medidas cautelares en favor de las afectadas y que se solicitó un informe sobre las 160 mujeres que enfrentan procesos judiciales para lanzar una alerta de género en el estado, con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Adelantó que solicitarán reuniones con directores de penales de aquella entidad con el propósito de dilucidar el número de reclusas por aborto, e indicó que en Puebla y Querétaro también hay mujeres recluidas por esa razón.

Subrayó que sigue latente el riesgo de que se concrete una ley federal para penalizar el aborto; sin embargo, hemos logrado mantenerla congelada.

Activistas de Las Libres, CDD, Flor y Canto, Equidad de Género, de la Unión Nacional de Trabajadores, del Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otras, expresaron: las mujeres no podemos volver a la Edad Media, No a la hipocresía y Encarcelen a todos los curas pederastas; el abuso sexual sí es delito. En tanto, un grupo de manifestantes, tras un enrejado que simulaba una cárcel, exigía justicia.