l subejercicio presupuestario que se ha presentado en meses recientes en las dependencias del gobierno federal –7 mil 206 millones de pesos entre abril y junio pasados, de acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– es un indicador contundente de los desórdenes administrativos que han caracterizado a las administraciones del PAN desde que detentan la Presidencia de la República, y exhibe la indolencia del grupo en el poder ante las carencias que aquejan al país en rubros estratégicos.
Particularmente grave resulta el monto que se dejó de gastar en materia de educación pública –mil 766 millones de pesos en el periodo referido, según la SHCP–, no sólo porque afecta a un sector de suma importancia, que es factor irrenunciable del desarrollo y el crecimiento económico, sino también porque con ello se abona el terreno para la irritación social.
Respecto de lo anterior, no puede pasarse por alto que estos datos tienen, como elemento de contexto ineludible, el deterioro de los ciclos de educación básica a cargo del Estado –cuyo control ha sido entregado a la cúpula del sindicato magisterial– y la insuficiencia de lugares en los planteles de educación pública en los niveles medio superior y superior. El pasado miércoles el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, ponderó estos rezagos al señalar que el país se encuentra cuatro puntos porcentuales por debajo de la media de América Latina en cuanto a la cobertura de educación universitaria. El correlato de esa cifra, que en sí misma exhibe una desventaja en materia de competitividad y desarrollo de nuestro país frente a la región y frente al mundo, es el creciente número de jóvenes que no encuentran acomodo en las instituciones públicas de educación superior y que en días recientes han manifestado su inconformidad a la Secretaría de Educación Pública (SEP) ante lo que perciben, en forma por demás justificada, como la negación de oportunidades de formación y desarrollo personal.
En este panorama, resulta exasperante e inexplicable que la propia SEP se dé el lujo de no emplear el de por sí castigado presupuesto que se destina a la enseñanza pública. Es obligado preguntarse, entonces, si el subejercicio en el gasto educativo es signo de descuido e inactividad en la actual administración, o bien obedece a la aplicación de la política económica neoliberal y privatizadora aún vigente, uno de cuyos designios ha sido relegar a las universidades públicas y propiciar la proliferación de planteles privados.
Por lo que hace a los subejercicios que presentaron otras dependencias del gobierno federal, entre las que destacan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2 mil 134.5 millones de pesos en el periodo de análisis), Economía (101 millones), Desarrollo Social (252 millones) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (8 millones), tales cifras desacreditan lo expresado en varias ocasiones por la propia SHCP, en el sentido de que si se quiere que el país acceda a más desarrollo e infraestructura, es necesario pagar más impuestos.
En suma, lo que México requiere en la hora presente es la voluntad política oficial para, por un lado, realizar un manejo fiscal riguroso y apegado a derecho que obligue a los grandes consorcios a pagar los impuestos que les corresponden y, por el otro, aplicar una verdadera austeridad republicana que ponga fin a derroches y desvíos presupuestarios, y que obligue a gastar bien y en forma transparente los recursos emanados del bolsillo de los contribuyentes.
